El peligro de los burócratas con poder – Diario El País, Uruguay

A demás de imponer con su mayoría parlamentaria leyes ampliamente discutibles -en muchos casos provistas de regulaciones innecesarias y en otras de imprevisibles consecuencias para nuestra sociedad- el gobierno está creando con ese conjunto de nuevas normas un alarmante incremento de poderosos burócratas al mejor estilo de los gobiernos de la vieja Europa del Este.

Cada una de esas leyes crea organismos, comisiones o unidades ejecutoras que le otorgan un poder excesivo a aquellos funcionarios, mandos medios, que estarán a su frente. Vamos al repaso.

Marihuana. La ley aprobada por diputados que legaliza su consumo, prevé la creación de una variopinta cantidad de organismos, comisiones asesoras y juntas directivas, con cometidos tan estrictos como regular, supervisar y controlar a la hierba, a sus plantas y a sus consumidores. Ya se advirtió que el llamado Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) controlará que aquellos que decidan plantar retoños de la planta en sus casas no pueden superar las seis unidades y además manejará un registro de usuarios (¡vaya!, afortunadamente confidencial) a la vez que tendrá a su cargo la fiscalización y la aplicación de sanciones para quienes incumplan la reglamentación, como por ejemplo, las farmacias que hagan público a quién le vendan marihuana. El estilo amenazante que se aplicaba en la Europa socialista.

Todavía no hay presupuesto asignado para el Ircca, pero de algún lado saldrá (¿nuevos impuestos?) y ya debe haber una larga lista de funcionarios relamiéndose para ocupar esa estructura burocrática bien remunerada.

Bebidas alcohólicas. Tras la regulación de la marihuana, se viene el proyecto de regulación del consumo, distribución y expendio de bebidas alcohólicas, que ya está en la órbita parlamentaria. El proyecto establece nuevos criterios para la venta de alcohol y su publicidad, planteando una serie de prohibiciones como la «canilla libre» y el «happy hour». ¿Y adivinen qué? Claro, crea una Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas (URBA). La misma tendrá entre sus cometidos, «otorgar las licencias para distribuir, comercializar, expender u ofrecer bebidas alcohólicas, así como sus prórrogas, modificaciones, suspensiones y supresiones». O sea, aplicar sanciones cuando se constaten incumplimientos, lo que equivale a decir «exceso de poder» para quienes ocupen los cargos en la URBA.

Y para financiar los controles que realizará la súper poderosa URBA, se crea la «tasa preventiva sanitaria», que gravará la «primera enajenación realizada por fabricantes, importadores, proveedores de free shops de las bebidas que contengan alcohol». La burocracia necesita siempre de dinero fresco.

Ley de Medios. En lo que se refiere a esta norma, el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) es apenas uno de los organismos creados. Su objetivo es «proponer, implementar, monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las nuevas políticas». Y serán sus jerarcas quienes determinen esa fiscalización, es decir, si el contenido de un determinado programa tiene «calidad» y en tal sentido podrán autorizar o no su emisión. Casi nada de poder se les otorga.

 Además, el Instituto del Cine y el Audiovisual debe expedir el certificado de obra terminada a cada programa nacional. Un entrevero burocrático más.

Museos. En diciembre, el Parlamento aprobó una nueva legislación sobre museos y por supuesto que la ley ayuda a robustecer la burocracia nacional: crea un Consejo Nacional de Museos y un Registro Nacional de Museos y Colecciones Museográficas, quedando así conformado lo que llama el Sistema Nacional de Museos. ¿Nuevos cargos para el Consejo y el Registro? Por supuesto. ¿Eran necesarios? Es más que discutible.

Agro. Ni la actividad agropecuaria está libre de la fiebre de crear nuevas estructuras burocráticas. Como al gobierno se le ocurrió pensar que los trabajadores rurales desconocen sus derechos laborales (vaya uno a saber qué compulsa hizo) entonces el Ministerio de Trabajo creó la Unidad de Trabajo Rural (UTR) en la órbita de la Dirección Nacional de Empleo (Dinae). Esa unidad tendrá como primer cometido «difundir los derechos de los trabajadores del campo», como si para eso fuera necesaria un nuevo organismo.

En una palabra: más burócratas y más controles, como en la Europa del Este.