El Parlamento salvadoreño pide investigar al ex presidente Flores por enriquecimiento ilícito
La Asamblea Legislativa le recomendó a la Fiscalía General investigar al expresidente de la República Francisco Flores, al exministro de Economía, Miguel Lacayo, y al expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Guillermo Sol Bang, por posible enriquecimiento ilícito en la suscripción del contrato entre el Gobierno y la italiana ENEL GREEN POWER, por la mayoría de acciones de la generadora eléctrica LaGeo.
La comisión especial del Congreso que estudió el caso concluye y recomienda en su informe parcial que la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) investigue la variación del patrimonio de los exfuncionarios señalados y de los exsuperintendentes generales de Electricidad y Telecomunicaciones, José Luis Trigueros y Ernesto Lima Mena.
En febrero pasado la entidad legislativa se creó por unanimidad del pleno parlamentario e inició entrevistas y estudios de leyes, así como de todos los documentos relacionados al contrato entre el Gobierno y la transnacional italiana para conocer los motivos del conflicto accionario.
La medida del Órgano Legislativo se sumó a las denuncias públicas realizadas por el Presidente de la República, Mauricio Funes, sobre las irregularidades en el acuerdo de accionistas de LaGeo.
Los diputados que analizaron desde inicios del año el caso indican en su informe parcial que Flores, Lacayo y Sol Bang actuaron de manera “negligente”, se excedieron en sus atribuciones y no cumplieron con sus obligaciones como autoridades gubernamentales.
La comisión aseguró que el exmandatario incumplió su rol de máxima autoridad del órgano Ejecutivo en dirigir, coordinar, controlar e inspeccionar las acciones de las secretarías de Estado y sus dependencias.
Los diputados afirman que Lacayo dejó de cumplir, entre otras cosas, su facultad de vigilar el funcionamiento “en los aspectos de orden económico de las empresas de servicios eléctricos estatales, mixtas o privadas”.
Mientras, a Sol Bang lo calificaron de negligente por autorizar la creación de sociedades anónimas -método por el cual se originó LaGeo y el acuerdo de accionistas entre el Gobierno y ENEL- sin que existieran las leyes que lo permitieran.
A los tres se les pide investigarlos por enriquecimiento ilícito que, según el artículo siete de la ley del mismo nombre, se presume que el delito se realiza cuando “el aumento de capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuera notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente…”.
Actualmente en el país no se reportan juicios por este delito, según lo indica el más reciente informe de autoevaluación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) presentando en marzo del año pasado por la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción del Gobierno.
