Correa reta al alcalde de Guayaquil a firmar un acuerdo sobre la reelección indefinida
Durante el enlace ciudadano recordó que el burgomaestre ahora defiende la continuidad en el poder bajo el argumento de la sostenibilidad de proyectos, cuando en los comicios presidenciales de este año él y otros opositores cuestionaron su candidatura y lo tildaron de dictador. También anunció la posible revisión de los subsidios de los combustibles para garantizar que lleguen solo a los más pobres
Así respondió el presidente Correa, durante el enlace ciudadano, al alcalde guayaquileño Jaime Nebot, quien en días pasados justificó su posible reelección en los comicios de 2014 bajo el argumento de la continuidad de los proyectos.
El Mandatario recordó que seis meses antes de los comicios presidenciales desarrollados este año, él y otros opositores cuestionaban su candidatura argumentando la alternabilidad democrática, pero ahora defienden la continuidad: “Si son los panas de la prensa mercantilista los que decían esas cosas; la hipocresía, la doble moral, así que reclame a sus panas… Yo lo estoy apoyando”.
Por otro lado, se refirió al estudio de optimización de subsidios realizado por el Gobierno y explicó que éste varía de acuerdo con el precio del combustible. Citó que por cada dólar que se paga en gasolina, el Estado costea 53 centavos.
Desde esta semana se aplica el proyecto de monitoreo en vivo para ver las obras que realiza el Estado
Los subsidios en combustibles le cuestan al país $3.800 millones anuales, valor que según Correa permitiría construir, en un año, 1.000 escuelas del milenio. El subsidio a la seguridad social es de $1.321 millones, que representa el 40% de jubilaciones del IESS y el 60% de las Fuerzas Armadas y Policía.
“El subsidio es un instrumento, no es una pérdida social, es una transferencia. Si el Estado no pagara esos $1.766 millones por diésel importado, probablemente tendrían que pagarlo los ciudadanos directamente; es una transferencia del sector público al privado. Esas son las cosas que hay que corregir, pero hay que hacerlo inteligentemente”, sostuvo el Mandatario.
Sector público deberá reciclar sus uniformes
Uno de los temas que el Mandatario trató en el gabinete ministerial fue la dotación de uniformes para los servidores públicos civiles, policías y militares. Cuestionó que el Registro Civil haya presupuestado uniformes de $723 por persona, la Contraloría $280 y un monto similar la Secretaría de Gestión de Riesgos. Sostuvo que no es obligación del Estado costear los uniformes de ciertos funcionarios y que ahora se fijarán estándares para dotar de ellos a todo el personal, sin que haya “instituciones con corona”, pero que no podrán superar las tres piezas y su monto será más acorde con las condiciones del país. Citó como ejemplo la propuesta del Ministerio de Salud con un presupuesto de $38 por persona.
A los servidores civiles se les renovará los uniformes cada dos años y a la fuerza pública (usan 6 ó 7 trajes) cada año, pero en ambos casos será obligatorio que devuelvan el anterior para reciclarlos y así ahorrar recursos.
Admitió que el problema de los subsidios es que algunos benefician más a los ricos que a los pobres y, por esos valores bajos, se crea un sobreconsumo del bien como ocurre con los combustibles. Para ello propone crear una tarjeta magnética vinculada a la matrícula del vehículo para fijar un cupo de consumo. Y si el dueño del automotor supera lo estipulado tendrá que pagar el valor real del combustible.
Con respecto al consumo de gas, señaló que dentro de dos años se prevé que los hogares ya no lo consuman, pues en el 2016 el país producirá energía eléctrica suficiente para el abastecimiento de cocinas, duchas, etc, lo que significará para el Estado reducir el subsidio al gas, que es importado. Al momento trabajan en proyectos piloto y no descartó apoyar a las familias de escasos recursos para que sustituyan sus cocinas a gas por eléctricas.
Otro de los temas abordados fue la campaña emprendida por la multinacional Chevron para deslegitimar al Gobierno ecuatoriano con el fin de demostrar la supuesta intervención del Estado en la sentencia emitida por un juez de Lago Agrio que los obliga a pagar una suma millonaria por remediación ambiental. Correa dijo que defenderá al país de esas acusaciones infundadas y anotó que la trasnacional ha gastado cerca de $400 millones en el proceso legal para no cumplir la sentencia.
En su informe también indicó que esta semana mantuvo una reunión para analizar más pruebas del caso 30-S, pues éste “no quedará en la impunidad”.
Hizo un breve seguimiento por las obras que se desarrollan en el país y puso a disposición de la ciudadanía el portal web www.sni.gob.ec, del Sistema Nacional de Información, a través del cual se observa en vivo el avance de los proyectos gracias a las cámaras instaladas en las áreas de construcción.
