Conferencia regional llamó a modificar leyes y políticas públicas sobre el aborto

“Instar a los Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos”, señala uno de los artículos del denominado “Consenso de Población y Desarrollo de Montevideo”.

El acuerdo -alcanzado por 38 países miembros y asociados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)- contiene 120 medidas prioritarias para dar seguimiento a las acordadas en 1994 en El Cairo (ICPD), con especial atención en materia de derechos sexuales y reproductivos, pobreza y promoción de salud.

Además se llama a “asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados”.

El consenso se alcanzó luego de atravesar un proceso “muy intenso y muy desafiante”, dijo en el cierre de la conferencia Leonel Briozzo, presidente de la reunión y viceministro de Salud del Uruguay, país que despenalizó el aborto a fines de 2012 en las primeras 12 semanas de embarazo transformando al país en el segundo en América Latina en permitir la interrupción del embarazo, después de Cuba.

El documento insta a “asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención integral en salud en el proceso reproductivo”, “garantizar el acceso universal a técnicas de fertilización asistida” y “el acceso efectivo a una amplia gama de métodos anticonceptivos modernos, basados en evidencia científica con pertinencia cultural, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia”.