Afirman que Guatemala es el país más peligroso para ejercer el sindicalismo

La defensa de los derechos humanos, entre ellos los laborales, ha dado como resultado el asesinato de 58 sindicalistas en los últimos seis años, detrás de los cuales se esconden intereses económicos y de control que buscan limitar el accionar de los sindicatos en contra de la iniciativa privada y el sector público, que aún, en ocasiones, no ofrecen a los trabajadores condiciones laborales que permitan su desarrollo.

Guatemala se sitúa al frente de la lista de los países más peligrosos para la actividad sindical, según la Confederación Sindical Internacional (CSI), que publicó en Ginebra el informe “Países en situación de riesgo / Violaciones de los Derechos Sindicales 2013”.

“Los trabajadores y trabajadoras se sitúan ahora en primera línea del frente abierto en una guerra disparatada contra la negociación colectiva, los salarios mínimos y la protección social. Estos instrumentos de distribución de la riqueza, fundamentales para reducir las crecientes desigualdades, amenazan la ambición de las grandes corporaciones y de aquellas instituciones y fuerzas políticas que sitúan los negocios por encima de las personas”, indica Sharan Burrow, de la Secretaría General de la CSI, acerca de la situación en el país.

Ligado a lo anterior, José Pinzón, de la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), sostiene que no existe la libertad sindical: “En Guatemala tenemos una política de Estado antisindical. Lo practicaron los militares y lo practicaron todos los gobiernos civiles que hemos tenido”. El antisindicalismo es, entonces, resultado de una cruda realidad en la que no se aplica el Estado de Derecho, ni la democracia, señala.

Dentro de los principales violadores a la libertad sindical, de acuerdo con Pinzón, están el sector privado y el público; según antecedentes históricos, en el país se ha aplicado la política del Te Pago o Te Pego.

Por un lado “Te Pago”, busca comprar a los dirigentes que por diferentes motivos se dejan someter, y luego son alineados, lo que provoca la pérdida de  la autonomía del sindicalismo y así pasan a responder a la política del gobierno de turno, explica el representante de CGTG.

Por el lado contrario, dice Pinzón, cuando los trabajadores no se alinean se aplica el “Te Pego”, que consiste en utilizar anti valores como la mentira, el chisme, la calumnia, la persecución y el descrédito, y en última instancia la eliminación física, indica Pinzón.

Por otro lado, para Ramón Cadena, presidente de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), la agresión que se ha ejercido en contra de sindicalistas se debe a que aún no se ha logrado superar la violencia vivida en las décadas de los 60, 70 y 80. Durante esta época, Guatemala, lejos de proteger a su población, se enfocó en la creación de un proyecto de ataque, específicamente, en contra de las personas que integran el movimiento sindical, debido a la función productiva que cumplen y a su lucha a favor de los derechos laborales, económicos, sociales y culturales del país, explica.

“Los ataques a sindicalistas y sindicatos tienen su origen, y básicamente es a causa de asuntos económicos, de interés, de la iniciativa privada que no quiere ceder, que no quiere mejorar las condiciones de los trabajadores”, indicó el Presidente de la CIJ.

Ante los señalamientos del sector sindical, Javier Zepeda, Director Ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), opina que el sector industrial no se opone al sindicalismo, ya que es un derecho de los trabajadores, pero no aprueba que los empleados se aprovechen de la figura del sindicalismo para generar conflicto y que esto reduzca la competitividad de las empresas o de las instituciones.

“No es correcto utilizar esa bandera –la del sindicalismo– para, entonces, generar confrontación, bloqueos o actividades fuera de la ley”, afirma.

LA PELIGROSIDAD

El sindicalismo es importante para una sociedad  como la guatemalteca siempre que se utilice como un mecanismo de defensa integral de los derechos y una práctica fundamental de los deberes y obligaciones tanto del Estado como de los trabajadores, refieren los analistas consultados.

El terror ejercido en contra de los sindicalistas se redujo considerablemente con la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996, pero en la última década ha aumentado alarmantemente, por lo que, en la actualidad, se estima que sólo 1,6 por ciento de los trabajadores están sindicalizados, dice el Presidente de la CIJ.

Este sistema de represión ha logrado sobrevivir gracias a que se ha mantenido el estado de impunidad, como una garantía de que las acciones de los represores no serán  investigadas. Ante esta problemática, el terror se reproduce y esparce, evitando que las personas quieran sindicalizarse; entonces, que el sistema no responda es parte de un mecanismo de represión, expresa Cadena.

Otro factor, como el desinterés en unirse a los sindicatos se debe a las críticas dirigidas al movimiento sindical, “se nos ha considerado enemigos en la práctica, no en teoría”, afirma Pinzón, quien atribuye la baja afiliación a la mala imagen que se ha creado alrededor de estos grupos.

A decir de Luis Lara, Secretario General del sindicato Frente Nacional de Lucha (FNL), el hostigamiento y el control que hay en contra de los trabajadores es un intento para atemorizarlos sobre la afiliación a algún sindicato. Debido a esta situación se contabiliza que un dos por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), conforma los sindicatos existentes.

No obstante, el sector empresarial no critica a los grupos de trabajadores, sino a la manipulación del sindicalismo, una crítica que también se origina desde algunos grupos de trabajadores independientes.

“Nos oponemos al mal uso del sindicalismo”, indica Zepeda, quien agrega que las demandas o quejas de los trabajadores pueden ser presentarlas ante las instancias que se ocupan de darles trámite, como el Ministerio de Trabajo.

VIGILANCIA AL ESTADO

Grupos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical de las Américas se han interesado en la violación sistemática de la libertad sindical. En base a esto, la OIT creará una comisión de encuesta, como mecanismo para supervisar el trabajo del estado.

La implementación de dicha comisión podría demostrar el patrón de represión que se ejerce en contra de los sindicalistas, los periodistas, los defensores de derechos humanos y los comunitarios.

El Gobierno está haciendo todo lo posible por evitar esto, a través  de una ofensiva diplomática, que utiliza la mentira, convencer a la comunidad internacional de que en Guatemala impera un gobierno democrático, táctica que ha practicado muy bien el actual gobierno, asegura Cadena.

Esta situación de violencia y ataque no es un mecanismo nuevo, pues sus raíces devienen de la época del conflicto armado interno (1960-1996).  Es así que cualquier persona que participe en la lucha por la construcción social de derecho amenaza los planes del poder, que busca mantener sumido al país a través de  las políticas neoliberales y del subdesarrollo, argumenta.

RESPUESTA DE LA JUSTICIA

En cuanto a la incapacidad del sistema judicial guatemalteco por hacer prevalecer la justicia, Pinzón opina que este hecho se debe a que la mafia y la corrupción han llegado muy lejos, insertándose en todos los sectores, tanto del Gobierno, de la iniciativa privada y de la sociedad civil en conjunto.

Guatemala es reconocida a nivel mundial como uno de los países que más persigue y asesina a sindicalistas, sin que haya justicia efectiva, por lo que imperan los altos niveles de impunidad en el país.

En este apartado, Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, refiriéndose tanto a la justicia especializada laboral como a la penal, dice que la justicia generalmente se desempeña mal. En lo laboral, muchos trabajadores, no necesariamente sindicalizados, en la lucha por el respeto de sus derechos se topan con el muro de la impunidad, particularmente cuando se trata de empresas poderosas.

En estos casos, la justicia laboral suele responder a los intereses patronales y no protege los derechos de los trabajadores, por lo que los índices de impunidad son mayores, dice Ibarra, aunque además, las organizaciones sindicales del país no suelen darle seguimiento a los temas de justicia, ni laboral ni penal.

El número de casos de infracciones laborales presentados cada año es de casi 13 mil, que incluyen más de 5 mil casos a causa de despidos injustificados. Esta situación se vuelve aún más abrumadora si se toma en cuenta que hay menos de 22 jueces destinados a atender estos casos y el proceso suele extenderse cuando los empleadores abusan del recurso de apelación.

Por el lado penal, en el caso de sindicalistas que sufren amenazas o que fueron asesinados, la Unidad de Delitos Contra Sindicalistas, que pertenece al Ministerio Público (MP), ha reportado escasos resultados en materia de investigación y persecución penal.

“En años pasados nosotros hemos hecho monitoreo de cómo funcionan, qué resultados ha tenido la unidad del Ministerio Público encargada de delitos contra periodistas y sindicalistas, y nos hemos encontrado con un trabajo casi nulo”, indica Ibarra, mientras explica que no se ha dado una respuesta institucional adecuada para los casos que interesan a los trabajadores del país.

Para Cadena, una medida para combatir la represión y persecución sería que “la fiscalía general y la fiscalía de crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos fuera fortalecida”.

En contraparte, el Gobierno afirma que se han dictado sentencias o se ha efectuado algún  progreso en al menos 24 casos sindicales, mientras que en otros 45 afirma que el motivo de las muertes está relacionado con la delincuencia común, de acuerdo con cifras oficiales.

Además, en el ámbito laboral los inspectores de los casos se ven limitados en su trabajo ya que no poseen los medios de transporte, ni los viáticos que permitan realizar las investigaciones. También ha sucedido que muchos de ellos no hablan con las víctimas y, en cambio, tienen en cuenta la versión del empleador, por lo que suelen emitir informes de inspección incorrectos, según lo indica el informe de la CSI.

CORRUPCION INFILTRADA

El sindicalismo hoy en día es más difícil de ejercer si se toma en cuenta que dentro del mismo se han insertado estructuras corruptas que desvían los objetivos de trabajo del movimiento sindicalista. Este fenómeno forma parte de la crisis actual, caracterizada por la pérdida de valores y la inserción de otros diferentes  como el consumismo. En este sentido, corresponde al Estado la creación  de mecanismos de transparencia que combatan la desnaturalización de los sindicatos, afirma Cadena.

Y ha sido la política del Te Pago y Te Pego la que ha dado lugar a que se desarrollen dentro de los sindicatos mafias que dañan irreparablemente y que corrompen a los miembros, dice Pinzón. Igualmente, existe la tendencia de crear organizaciones de trabajadores que son manipuladas por los empresarios con el objetivo de debilitar al sindicalismo y obtener fines económicos.

A decir del Director Ejecutivo de la CIG, dentro del sindicalismo mismo pueden realizarse prácticas nocivas, como el heredar los puestos, sin tomar en cuenta conocimientos y capacidades, además muchas de las movilizaciones pueden ser originadas  por personas que se incrustan en las empresas y que lejos de favorecer los intereses del trabajador real, solo favorecen a personas individuales.

LIBERTAD SINDICAL

Para lograr la tan anhelada libertad sindical, el actual Gobierno, y los que vengan, deben de reconocer y respetar, en la práctica, el derecho humano a la libre sindicalización. “El Gobierno de  turno debería de dar el ejemplo para tener autoridad moral, para exigirle al sector privado que reconozca y respete la libertad sindical”, explicó Pinzón.

Pinzón refiere que dentro del sindicalismo la práctica es fundamental para lograr dicho objetivo, ya que Guatemala ha sobresalido en la creación de leyes y normas, es decir, la parte teórica,  pero no en su aplicación, “La normativa no se cumple, ni se hace cumplir”, indica.

Por su lado, Lara opina que se necesita fortalecer al Ministerio de Trabajo, establecer un cuerpo de policía especial en materia de derecho laboral, buscar mecanismos de supervisión en los tribunales e imponer multas a los empleadores que no cumplen con las órdenes judiciales,  además de una negociación colectiva, que se enfoque en la erradicación de la pobreza a través del trabajo decente.

En el país, 8 de cada 10 empleos son informales, una de las principales causas de los bajos niveles de afiliación en los sindicatos. Según Zepeda, el Estado es quien tiene más trabajadores sindicalizados, especialmente  el Ministerio de Economía, y el  Ministerio de Salud y Previsión Social.

CONCIENCIA SINDICAL

Asimismo, el movimiento sindicalista debe desarrollar una política y estrategias de formación que desarrollen la conciencia crítica y política de los dirigentes y a los afiliados. Sin el desarrollo de esta política de formación es probable que los movimientos sindicalistas sean conformados por gente que fácilmente se deje comprar, indica el líder del CGTG.

Por aparte, el movimiento sindical se ha convertido en víctima del modelo de desarrollo neoliberal, en el que los trabajadores que tienen conciencia social son quienes no pueden obtener un empleo y quienes lo consiguen muchas veces deben de aceptar malas condiciones de trabajo, malos tratos y un pago menor al salario mínimo, a lo que Cadena  sugiere que “debería de existir un castigo para los empresarios que no cumplen con el pago del salario mínimo”.

El tema de aumento al salario mínimo, en Guatemala, siempre ha sido un punto delicado para la iniciativa privada, que argumenta que de hacerlo provocará más inflación y generaría poca inversión. Esta actitud, a decir de Cadena, devela su actitud cavernícola y conservadora.

Pero la represión no solo se ha dado por parte del sector privado, pues el sector público también ha reprimido y perseguido a sus trabajadores al intentar conformar algún sindicato. Es a partir de las últimas décadas, los años noventa, con la proliferación del neoliberalismo y el Tratado de Libre Comercio (TLC), que el derecho laboral ha ido perdiendo terreno en la conquista social.

PERSPECTIVAS OPUESTAS

En cuanto a la perspectiva negativa que tienen los sindicalistas de la iniciativa privada y viceversa, Zepeda concluye que se debe a que Guatemala es un país con alto nivel de confrontación por su pasado histórico, y con bajo nivel de diálogo, en el que los sectores quieren hacerse escuchar pero no quieren escuchar a los demás.

De parte del sector industrial ha existido la apertura al diálogo constante, asegura el empresario, luego de asegurar que la mayoría de los trabajadores que pertenecen a los sindicatos de las empresas privadas tienen una buena relación con sus empresas.

Igualmente del sector privado, Santiago Molina, Presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), dice que el Consejo Económico y Social, que integra a representantes de los sindicatos, cooperativistas y miembros de la iniciativa privada, está en un  diálogo permanente para encontrar soluciones a largo plazo en el país.

“Esa es la ruta de solución, si no lo que pasaría es que nos vamos a poner a crear polémica, y  lo que no queremos, desde la cúpula empresarial, es polémica sino que queremos soluciones”, indica el Presidente del CACIF.