País inmovilizado – Diario El Espectador, Colombia

A la situación terrible que vive la región del Catatumbo (la protesta y la respuesta del Estado y el fuego y los muertos) se le sumará desde mañana el paro del sector de la pequeña y mediana minería.

No es menor la cosa: han prometido hacer concentraciones y movilizaciones en Antioquia, Chocó, Risaralda, Quindío, Putumayo, Bolívar, Valle y Magdalena. A cuenta de estas protestas se presume que tendrán paralizado a medio país en puntos estratégicos de su geografía.

Y a esta realidad efectiva, que se materializará dentro de poco, se le suman las probabilidades de otras protestas: han amenazado paneleros y cafeteros, arroceros, cacaoteros, lecheros y zapateros. El descontento social en el campo ya no se puede esconder más bajo la excusa de que los grupos armados ilegales están moviendo fichas por debajo de la mesa: no resiste tanto esa teoría. Al presidente Juan Manuel Santos se le viene encima una situación que deberá saber lidiar con la delicadeza que un mandatario necesita, pero tomando el toro por los cuernos.

Y, sobre todo, con el entendimiento y la altura debidos. Es difícil construir un país cuando, desde el centro, no se conoce su realidad local. Allá, donde protestan los mineros, es poco lo que se sabe sobre ordenamiento del territorio, sobre biodiversidad, sobre lo que se puede y no se puede hacer. Sobre su actividad. El Gobierno (este gobierno) ha puesto la minería como una prioridad. Y ha hecho cosas, sin duda: pero circunscritas a vigilar y conceder territorios a la de gran escala, manejada mayormente por multinacionales, por una parte, y a combatir la ilegal con distintas acciones, por la otra. La artesanal, en cambio, está en una especie de limbo: de acción, jurídico, de protección. No es de sobra que piensan protestar y paralizar el país.

¿Cómo distinguir la minería ilegal de la artesanal? ¿Cuáles son las características que distinguen a la una de la otra, digamos, en el operativo policial que se da a las afueras de un pueblo? ¿Quiénes son estas personas que protestan, por qué lo hacen, cómo es que se hace efectiva esa desprotección de la que acusan al Gobierno? Es por estas preguntas por las que el Estado debe empezar a pensar en una política pública de respuesta.

El entendimiento, de nuevo, es la solución: del territorio, de lo que allí hacen sus pobladores, de las restricciones que se pasan por encima o de las soluciones que dan. Lo decíamos el sábado en este espacio (y aplica para las protestas venideras, también): es hora de que una comisión de académicos y sabedores locales propongan una visión y una forma de integración sostenible y digna para esa minoría de colombianos que ostentan la mayoría del territorio.

Pero, por ahora, concentrémonos en los mineros: quieren asistencia técnica, crédito oportuno y subsidios para la legalización de su oficio y seguridad social para la pequeña y mediana minería. También reclaman áreas libres para los mineros tradicionales y espacios entregados a través de licencias vencidas. ¿Es posible? ¿El Gobierno está contemplando hacer este tipo de concesiones? ¿Es necesario? Hay un puñado de preguntas abiertas que deben empezar a evaluarse para poder dar una solución razonable.

No es tarde para conjurar la crisis. Pero habrá que tener paciencia. Habrá el Estado de saber que debe llegar allá sin prejuicios, a hablar, a buscar puntos de encuentro, a llenar de vida ese espacio que ha dejado a la deriva. ¿Será capaz?