Indígenas panameños piden a ONU intervenir contra proyectos depredadores
Indígenas y campesinos de Panamá pidieron este domingo al relator de la ONU, James Anaya, de visita en el país, que intervenga para impedir el desarrollo de «proyectos depredadores» en territorios aborígenes porque violan los derechos humanos y carecen del apoyo de la mayoría de la población.
«Estamos solicitando al relator James Anaya que tome cartas en el asunto frente a proyectos depredadores que violan los derechos humanos de las comunidades indígenas y no representan la voluntad de la mayoría de la población afectada», manifestó a la AFP el dirigente indígena Ricardo Miranda.
Hasta el próximo viernes, el relator de Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, se encuentra en Panamá para conocer la situación de los pueblos aborígenes y plasmarlo en un informe que presentará el año próximo ante la ONU.
Durante una semana, Anaya se reunirá con funcionarios del gobierno y acudirá a los diferentes territorios indígenas del país.»Lo que ustedes me han dicho lo vamos a estudiar e incluir en un informe a la ONU durante la reunión del Consejo de Derechos Humanos, en 2014, donde haré recomendaciones», dijo Anaya tras una visita el sábado a la comarca indígena Ngöbe Buglé, al oeste del país.
Los indígenas de la comarca Ngöbe Buglé, la mayor etnia del país, rechazan la instalación en sus territorios de hidroeléctricas, la venta de sus tierras para proyectos inmobiliarios y turísticos, la concesión de los pozos termales y adjudicaciones mineras.
Los nativos consideran que los distintos proyectos que llevan a cabo el gobierno panameño y las empresas privadas dañan el medio ambiente de sus comunidades, perjudica su estilo de vida, destruye elementos sagrados de su cultura y los obliga a emigrar y dejar sus tierras, algo a lo que se oponen.»Quieren tratar de privatizar la Comarca (indígena Ngöbe Buglé).
Es inaudito. Los territorios son de uso colectivo y no se pueden privatizar bajo ninguna causa», aseguró Miranda, secretario general del Movimiento 10 de abril, grupo opositor a los proyectos energéticos.»Estamos exigiendo que el gobierno resuelva los conflictos con el pueblo Ngöbe a favor de su población y no de las multinacionales que están pretendiendo acaparar nuestros recursos», dijo a la AFP el dirigente indígena Celio Guerra.
Sin embargo, el gobierno defiende la construcción de hidroeléctricas, aprovechando la potencialidad de la enorme cuenca hidrográfica del país con el fin de abaratar el costo de la energía y reducir la dependencia del petróleo que Panamá importa.
Además, el gobierno panameño ve las hidroeléctricas como un elemento vital para evitar futuras crisis energéticas, como la vivida hace dos meses por la sequía, que pongan en riesgo la actividad turística y comercial de un país con índices de crecimiento superiores al 10%.
«Que se suspendan y cancelen esos proyectos porque han generado conflcitos a nuestras comunidades», añadió Guerra.En 2012 al menos dos personas murieron y decenas fueron heridas y detenidas tras violentos enfrentamientos entre policías e indígenas Ngöbe Buglé, quienes protestaban contra la minería y otros proyectos energéticos en sus territorios, lo que obligó a la ONU y a la Iglesia católica a intervenir como mediadores.
