Colombia: se realiza audiencia en la Corte Constitucional sobre el Marco Jurídico para la Paz

Presidente de la República, procurador, fiscal general, altas cortes, víctimas, Naciones Unidas, Congreso y sociedad civil fijarán sus posturas frente al acto legislativo, considerado fundamental para la paz y el posconflicto.

¿Sustituye el Marco Jurídico para la Paz la Constitución de 1991? ¿El derecho de las víctimas del conflicto armado a la investigación, juzgamiento y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos es pilar fundamental de nuestra Carta Política? ¿Cuáles son los límites de la justicia transicional? ¿Puede delimitarse el concepto de sistematicidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos? ¿Es posible establecer quiénes son los máximos responsables y si existen razones suficientes para centrar la investigación en ellos? ¿Cómo determinar el valor de la paz frente a la justicia en la Constitución, en el marco de un conflicto armado al que le son aplicables las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH)?

Son los interrogantes sobre los cuales la Corte Constitucional buscará conocer los puntos de vista de todos los sectores de la vida pública nacional sobre el acto legislativo 01 de 2012, el Marco para la Paz, en una audiencia pública que se llevará a cabo hoy, a partir de las 8:00 de la mañana, en el alto tribunal. En ella intervendrán desde el presidente Juan Manuel Santos hasta el procurador Alejandro Ordóñez, pasando por el fiscal general, el Congreso, las altas cortes, la academia y las organizaciones de derechos humanos y de víctimas. Un evento que busca respuestas a la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Colombiana de Juristas contra la norma, aprobada en junio de 2012 por el Congreso de la República.

Y es que, según dicha organización no gubernamental, el Marco Jurídico para la Paz establece que el Estado colombiano sólo debe investigar y juzgar a algunos de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, ya que autoriza al Congreso a determinar los criterios sobre los cuales se seleccionarán esos casos. En este sentido, considera que se estaría creando “una zona de excepción en la que no puede exigirse el cumplimiento del deber de investigar y juzgar todas las violaciones a los derechos humanos y todas las infracciones al DIH