Claves para entender la huelga de pequeños y medianos mineros
El principal argumento que se ha usado para desacreditar la pequeña minería es afirmar que este tipo de «minería de hecho» desangra económicamente el país, no cuida el ambiente y contamina más por el uso de tecnología obsoleta. Diferente es la versión de los mineros informales, la Defensoría del Pueblo e internacionalmente, por la OIT.
En la historia reciente de Colombia la legislación se a reformado en disposición de quienes se han beneficiado de la política económica extractivista. Es así como los diferentes gobiernos en función de intereses particulares han brindado garantías jurídicas, para que estas empresas «incentiven la confianza inversionista», especialmente para la extranjeras, con el fin de realizar exploración y explotación minero-energética. Dentro de esas garantías jurídicas resaltan: las exenciones de impuestos, felxiblización laboral o precarización del empleo y permisividad en materia ambiental.
Sin embargo, otra es la historia de la minería informal, olvidada históricamente por el Estado y más recientemente objeto de persecución mediante la destrucción de maquinaria, retroescabadoras, motobombas, e incluso bateas (instrumentos circular de madera para separar el oro de la roca dentro de los ríos). A esto se le suman los procesos judiciales con amenazas de cárcel a pequeños y medianos mineros; por ejemplo en Caldas, municipio de Antioquia, en menos de dos meses se han dado 60 proceso judiciales relacionados con el tema.
La manera como se a configurado los participantes en este conflicto da a entender que existen dos minerías que además son antagónicas; la legal a gran escala y en mayor medida transnacional, y la pequeña y mediana minería, tanto informal como legalizada de carácter nacional. Se oponen de tal manera que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre 1995 y 2000 la tercera parte de los trabajadores mineros en los 25 países con mayor producción de minerales perdieron su trabajo. Las razones principales: la introducción de nueva tecnología y las grandes concesiones mineras que desplazan la mano de obra.
Legal, Ilegal e Informal
En el 2003 fue expedido el decreto 2191 el cual contiene un Glosario Minero que especificado una de estos tres tipos de minería.
La minería legal es considerada la minería amparada por un título minero inscrito en el Registro Minero Nacional y de esta manera el Estado permite la exploración y explotación. La minería ilegal es la desarrollada sin estar inscrita en el Registro Minero Nacional y, por lo tanto, sin título minero. Es la minería desarrollada de manera artesanal e informal, al margen de la ley. La minería informal esta constituida por las unidades de explotación pequeñas y medianas de propiedad individual y sin ningún tipo de registros contables.
Es decir, que las personas que durante décadas e incluso generaciones, han ejercido una minería de hecho, automáticamente se convierten en ilegales y por lo tanto perseguidos por el Estado.
La situación para estas familias se agravó más desde el 30 de Octubre del 2012, fecha en que se expidió el decreto presidencial 2235 de 2012, mediante el cual la policía tiene la facultad para la «destrucción de maquinaria pesada y sus partes utilizada en actividades de exploración o explotación de minerales sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley. Cuando se realice exploración o explotación de minerales por cualquier persona natural o jurídica, sin contar con título minero», negando de esta manera la posibilidad de que quienes ejercen la minería de hecho puedan vivir de esta labor.
Por otro lado, las organizaciones vinculada al paro tienen una lectura diferente de lo que es la minería ilegal ya que consideran es la desarrollada por personas vinculadas a actividades delincuenciales debidamente identificadas, procesadas y sentenciadas por la justicia e incluye minería amparada por un título minero, pero donde la extracción, o parte de ella, se realiza por fuera del área otorgada en la licencia o título minero. Entendiendo la ilegalidad de esta manera los pequeños y medianos mineros de hecho esperan dar el debate sobre su derecho histórico de vivir de esta labor.
| Según una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo en el 2010, en el 44% de los municipios del país, en los últimos dos años, ha existido minería de hecho. 15.000 familias viven de la minería de hecho o no legalizada en el país, distribuidas en unas 3.600 minas que no cuentan con un título debidamente registrado ante las autoridades mineras |
| De acuerdo a esta misma investigación, la mayor parte de las unidades de explotación minera de hecho en el país extraen materiales de construcción y, en menor medida oro y carbón. |
Lo que resulta confuso para muchos mineros informales; en tanto es conocimiento del Estado que guerrilla, paramilitares y bandas emergentes se benefician de algunas ganancias de la minería aurífera, marginal en el porcentaje de explotación nacional; no entienden el porqué el gobierno Santos ha adoptado la misma política de persecución con todos los pequeños mineros.
En este momento los pequeños mineros sienten que el gobierno los esta tratando como actores armados o bandas criminales. Además manifiestan que todo este accionar es una cortina de humo para atacar a los mineros sin que la opinión pública haga nada al respecto.
El principal motivo del Paro Minero y la Jornada por la Defensa de la Minería Nacional artesanal, pequeña y mediana convocada para el 17 de Julio del presente año, es la criminalización a esta labor, pues dichas acciones atentan directamente contra el derecho al trabajo.
¿Legalizar, la solución?
El argumento para que muchos de los pequeños mineros no se legalicen es el papeleo y recursos que dicho proceso requiere. En algunas regiones de Colombia los pequeños mineros son fluctuantes, pues complementan su subsistencia con actividades agrícolas. Además en el estudio antes citado de la Defensoría del Pueblo en las recomendaciones que hace al Estado colombianos dice textualmente: «Legalizar una actividad minera, para los pequeños mineros puede ser un proceso tortuoso y de alto costo en tiempo y dinero, frente a las ventajas limitadas que ofrece». Sin embargo, más adelante la Defensoría le recomienda al Estado promover la legalización, organización y capacitación de empresarios mineros de la región o localidad, en asociaciones comunitarias de explotación y beneficio de minerales; dicha acción permitiría un mayor grado de formalidad, igualmente esta entidad pide brindar asistencia técnica y ambiental a los mineros de hecho; acciones que no se han desarrollado.
Pequeña y mediana minería defensa de la Soberanía Nacional
A pesar de las críticas que emanan de fuente oficiales, sobre el desangre para el país que significa la actividad informal en la minería, dentro de los postulados que expresan los pequeños y medianos mineros se encuentra el de la defensa del patrimonio y la soberanía nacional.
En una carta abierta al pueblo colombiano expresaron: «En el Cesar, donde un día se cultivó algodón, ahora solo hay un hueco de carbón hecho por gringos y europeos. La Guajira, es el mayor productor de energía para las potencias extranjeras mientras es el departamento más pobre del país. Hasta querían desviar su único río, el Ranchería. En Córdoba, la gente se muere por las enfermedades producidas por la gran explotación de níquel, de una empresa que sistemáticamente ha estafado al Estado. En el Meta, trabajadores petroleros de una multinacional canadiense viven peor que en campos de concentración.» y enfatizan «por cada $100 que recibe el Estado por impuestos de las grandes mineras, dejamos de recibir $200 que les regalamos por concepto de beneficios tributarios, como señaló recientemente el estudio de la Contraloría General.»
Finalmente dentro del pliego de exigencias de los pequeños y medianos mineros expresan que las posibles soluciones a la actual problemática son, principalmente, la aplicación de la Ley en el sentido que se implemente la estrategia para diferenciar la minería informal de la ilegal, cumplimiento a los Acuerdos de la OIT, fomento a la pequeña y mediana minería mediante la implementación de una política crediticia, y, libertad e indemnización a los mineros detenidos y/o afectados por la destrucción de la maquinaria por parte de la fuerza pública.
