Fallo contra migrantes: Dominicana suspende el diálogo con Haití tras declaración de Caricom y la CIDH visita el país
A menos de 10 días de haber firmado un acuerdo con Haití para priorizar el diálogo, ayer el gobierno dominicano decidió poner fin por el momento a las conversaciones que sostenían con las autoridades del vecino país, iniciadas tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la nacionalidad.
En tal sentido, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunció la decisión del gobierno de no acudir a una nueva reunión, que se celebraría entre las partes este sábado en Caracas, Venezuela. «Entendemos que el gobierno haitiano ha roto el acuerdo que firmamos la semana pasada, en el que se priorizaba el diálogo entre los dos países para la búsqueda de soluciones ante cualquier asunto de nuestra agenda común. Haití ha preferido tomar otro camino», afirmó.
Montalvo hizo el anuncio pocas horas después de que la Comunidad del Caribe (Caricom) suspendiera la solicitud hecha por la República Dominicana para ingresar a ese organismo regional, en represalia a la sentencia 168-13, emitida en septiembre pasado por el TC.
A pesar de que las declaraciones del ministro de la Presidencia no establecen las razones que obligaron a las autoridades dominicanas a tomar esa decisión,, se presume que las mismas obedecen a la decisión del Caricom.
El pasado 19 de noviembre, Gustavo Montalvo y el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Pierre-Richard Casimir, firmaron, con la mediación de Venezuela, un acuerdo de tres puntos para priorizar el diálogo. El mismo fue rubricado en Caracas.
Días antes de esa firma, una comisión del gobierno dominicano viajó a Venezuela y Cuba, para explicar los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Respuestas Caricom
Más temprano, el presidente del Consejo Nacional de Migración y ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul (Monchi), al preguntársele sobre el fallo de Caricom, consideró que algunos sectores están mal interpretando y hasta distorsionando la sentencia del TC. «Yo creo que en cuanto a la soberanía nacional, nadie puede venir a tratar de incursionar en ella, a menos que sean los dominicanos», expresó.
Al ser entrevistado en el Palacio Nacional, Fadul reiteró que el gobierno acudirá a los organismos internacionales que sean necesarios para explicar el Plan Nacional de Regularización que será implementado a partir de la emisión de un decreto en ese sentido.
«También podemos añadirle los pasos concretos que estamos dando como gobierno, con el Plan de Regularización que se ha hecho de manera pública, para que todo el mundo pueda opinar y hacer las consideraciones que consideren de lugar, aportando los elementos que crean importantes, y objetar lo que crean que debe ser objetado», subrayó el funcionario.
Asimismo, Fadul aclaró que no habrá deportaciones mientras se ejecute el Plan Nacional de Regularización, ya que se accionará con un criterio de humanidad y de respeto a la dignidad de todas las personas afectadas.
Iglesia católica
El obispo de la diócesis de La Altagracia, monseñor Nicanor Peña, también criticó al Caricom, por entender que su decisión obedece a un mecanismo de presión en contra de la República Dominicana.
Entrevistado en San Pedro de Macorís, luego de participar en la inauguración de la circunvalación de esta provincia, el religioso puntualizó que el país tiene todo el derecho de aplicar sus normas migratorias. «Ese es un derecho que tienen todos los países del mundo; a nosotros no se nos puede restringir», agregó
Ceara hatton
Para el economista Miguel Ceara Hatton, el impacto que tendrá el no ingreso de la República Dominicana a Caricom no sería significativo a nivel económico, sin embargo, señaló que en términos de aislamiento, el país se verá afectado. «Diría que es prácticamente insignificante, porque el comercio que tenemos con Caricom es reducido», dijo. Ceara Hatton expuso que hay que tomar en cuenta que el problema con Caricom no es económico, sino la capacidad que tienen esos 14 países de generar un aislamiento.
CIDH visitará la R.Dominicana a partir del lunes por fallo sobre nacionalidad
La CIDH realizará una visita «in loco», a República Dominicana, del 2 al 6 de diciembre próximos, con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que podría dejar en situación apátrida a decenas de miles de personas en el país caribeño, según informó hoy la propia Comisión.
«Ésta será la séptima visita ‘in loco’ de la CIDH» al país, apuntó el organismo en un comunicado, en el que dejó claro que se produce a invitación de las autoridades y explicó que el objeto de la visita es «analizar la situación de los derechos humanos en República Dominicana en lo relativo a los derechos a la nacionalidad, la identidad, la igualdad y la no discriminación».
«La Comisión Interamericana se entrevistará con autoridades gubernamentales, de los tres poderes del Estado, y se reunirá con representantes de diferentes sectores de la sociedad civil, tanto en Santo Domingo como en otras provincias al interior del país, con el interés de conocer con mayor profundidad los desafíos y avances en materia de derechos humanos y recibir denuncias», añadió.
La delegación que visitará el país centroamericano estará integrada por el presidente de la Comisión, José de Jesús Orozco Henríquez; la primera vicepresidenta, Tracy Robinson; la segunda vicepresidenta, Rosa María Ortiz; y los Comisionados Felipe González, Dinah Shelton y Rose Marie Antoine.
También integran la delegación el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza Longoria; la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abi-Mershed; la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, y personal de la Secretaría Ejecutiva.
Durante su visita, la CIDH establecerá su sede temporal en Santo Domingo.
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibirá denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, desde el lunes 2 hasta el jueves 5 de diciembre, en el horario de las 9.00 a las 19.00 horas locales.
Adicionalmente, el miércoles 4 de diciembre se recibirán denuncias en las provincias de Dajabón, Valverde, San Pedro de Macorís y La Romana, anunció el organismo.
La CIDH presentará sus observaciones preliminares al término de su visita, en una conferencia de prensa que tendrá lugar el viernes 6 de diciembre a las 11.00 de la mañana, en el Hotel Crowne Plaza de Santo Domingo.
El Tribunal Constitucional resolvió el pasado 23 de septiembre que los hijos de inmigrantes indocumentados que nacieron en República Dominicana a partir de 1929 y, por tanto, estén registrados como ciudadanos dominicanos, perderán ese estatus al considerarse que sus padres estaban en el país «en tránsito».
Las autoridades dominicanas aseguran que la sentencia ha abierto la vía a regularizar el estatus de los inmigrantes indocumentados y su descendencia, una cuestión que estaba pendiente desde 1929, según explicó recientemente a Efe el embajador de la República Dominicana en Washington, Aníbal de Castro.
La fuente explicó que la mayoría de los estados de la comunidad internacional no confiere automáticamente la nacionalidad en razón del «derecho del suelo» a los hijos de inmigrantes indocumentados, e insistió en que el proceso de naturalización permitirá a cualquier persona, que cumpla las condiciones, optar por la nacionalidad dominicana.
Con motivo de la entrada en vigor de la sentencia, a mediados de diciembre, la CIDH urgió a las autoridades del país a que se acelerase el proceso para llevar a cabo la visita, ya que resultaba conveniente antes de que se cumpliese el plazo de 90 días para la entrada en vigor de la sentencia.
De los 9,5 millones de habitantes que tiene el país caribeño, se verían afectados unos 240.000 según cálculos de la organización Human Rights Watch (HRW).
La medida afecta principalmente a miles de personas de origen haitiano.
