Investigación independiente revela que empresarios y funcionarios planearon el crimen de Berta Cáceres
Acusan a red criminal empresarial y estatal de asesinar a activista hondureña
Una red criminal integrada por directivos y empleados de la empresa hidroeléctrica hondureña Desarrollos Energéticos (DESA), agentes estatales de Honduras y sicarios de esa nación, conspiró desde 2015 para asesinar en marzo de 2016 a la hondureña Berta Cáceres, una ambientalista, feminista, defensora indígena, activista de los derechos humanos y opositora gubernamental cuyo homicidio se convirtió en uno de los más emblemáticos casos de represión en ese país centroamericano.
La conclusión está contenida en un informe sobre el asesinato que el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) difundió ayer en Tegucigalpa, distribuyó en el exterior y del que EL UNIVERSAL tiene copia. El GAIPE es una instancia independiente creada por la familia de Cáceres, con apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, para investigar el asesinato de la activista hondureña, ocurrido en la madrugada del 3 de marzo de 2016 en Honduras.
La hondureña, lideresa del (no estatal) Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, murió a balazos en su casa del suroccidental departamento hondureño de Intibucá. En esa época, Cáceres encabezó un movimiento popular para oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica por parte de DESA en el occidente de Honduras, por su impacto ambiental y cultural en tierras históricamente habitadas por indígenas.
De manera reiterada ante los frecuentes cuestionamientos en su contra, la compañía DESA rechazó estar involucrada en la muerte de la activista. El gobierno de Honduras también desmintió tener responsabilidad en ese hecho.
Sin embargo, GAIPE aseguró en un documento que entregó a este diario que analizó más de 50 gigabytes de información sobre el crimen de Cáceres que están en poder del Ministerio Público de Honduras, así como numerosos testimonios y prueba documental, y que determinó que la Fiscalía General de ese país “cuenta con información conclusiva para llegar a los responsables intelectuales” del asesinato.
Entre otros hallazgos, el informe reveló que “se constata la existencia de una red criminal, compuesta por directivos y empleados de la empresa DESA, agentes estatales y sicarios con niveles de responsabilidad en el asesinato”.
“A su vez, es posible establecer la consumación de otras conductas delictivas previstas en la legislación hondureña como: asociación ilícita, conspiración para delinquir, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad. Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas sobre debida diligencia e investigado exhaustiva para procesar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato”, subrayó.
“Pese a que ocho personas han sido sindicados como autores materiales del asesinato, el Ministerio Público no ha mostrado avances en relación a las autorías intelectuales, pese a que cuenta con evidencia suficiente para impulsar nuevas líneas de investigación. El GAIPE también resalta el rol de las financiadoras internacionales, que, pese a que contaban con información previa sobre la actuación de DESA y su conducta represiva hacia las comunidades, omitió estas informaciones en función de mantener su respaldo hacia la concesión”, denunció.
El reporte “evidencia el vínculo de funcionarios estatales y no estatales de alto nivel en el asesinato”, aseguró. La prueba, añadió, es parte del documento “Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres”, que reúne y sintetiza el análisis de más de 40 mil páginas de registros telefónicos, chats, mensajes de texto, estudios de sistemas de posicionamiento global y correos extraídos de algunos teléfonos celulares incautados en la investigación penal.
El plan para asesinar a la mujer se inició en noviembre del 2015 pero la información obtenida con los registros telefónicos “permite asegurar” que hubo un fallido intento de asesinato durante a inicios de febrero del 2016, aseveró.
Informe de los investigadores del GAIPE sobre el caso Berta Cáceres
Informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) sobre el caso Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honras (COPINH) asesinada el 2 de marzo 2016 en La Esperanza, Intibucá, Honduras – Presentación en Tegucigalpa, Honduras el 31 de octubre 2017.
Resumen ejecutivo del Informe:
El 2 de marzo de 2016, ocurrió el asesinato de la lideresa Berta Isabel Cáceres Flores, y la tentativa de asesinato del líder ambiental mexicano Gustavo Castro Soto, en la Esperanza, Departamento de Intibucá, Honduras. De inmediato, familiares y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), demandaron una investigación independiente ante las sospechas que que las autoridades hondureñas no identificarían a los autores intelectuales de ese hecho.
Los familiares de Berta Cáceres y el COPINH presentaron esa solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las Naciones Unidas y numerosos actores nacionales e internacionales, internacionales. Sin embargo, jamás tuvo eco al interior del Estado hondureño.
Ante esa negativa, la familia, y el COPINH, acompañados por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y por organizaciones nacionales e internacionales, insistieron en la conformación del equipo de expertos independientes. Es así como, en noviembre de 2016, surge el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), integrado por Dan Saxon, Roxanna Altholz, Miguel Ángel Urbina, Jorge Molano y Liliana Uribe Tirado.
Desde esa fecha, el GAIPE realizó cuatro viajes a Honduras; entrevistó a más de treinta personas; estudió diversos informes de organismos internacionales de derechos humanos, consultó diez procesos penales por denuncias del COPINH y acciones legales instauradas por la ausencia de consulta previa, libre e informada en el Proyecto Agua Zarca. Además, tuvo acceso parcial a la prueba contenida en el proceso por el asesinato de Berta Isabel Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro.
El GAIPE reconoce que las autoridades estatales han identificado y procesado, a la fecha, a ocho personas, cuyos nombres son de dominio público, siendo ellas: Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Douglas Giovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Henrry Javier Hernández Rodríguez, Óscar Aroldo Torres Velásquez, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Edilson Atilio Duarte Meza y Emerson Eusebio Duarte Meza.
A la fecha, la prueba que fundamenta las acusaciones del Ministerio Público contra los ocho imputados, se centra en la información telefónica. El GAIPE ha tenido acceso a una fracción de esta data, compuesta por los registros telefónicos y extracciones de aparatos electrónicos y Tarjetas SIM, que contienen mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, contactos, imágenes, vídeos, grabaciones, geolocalización, entre otros.
Con base en el análisis de la prueba recopilada, el GAIPE logró documentar numerosas conductas delictivas, irregularidades en la investigación, así como identificar a posibles autores intelectuales del asesinato.
Los principales hallazgos:
- A partir de la información analizada, el GAIPE concluye que el asesinato de Berta Isabel Cáceres no es un hecho aislado.
- El informe del GAIPE permite evidenciar las diversas estrategias emprendidas por socios, personal directivo, gerencial y operativo de la empresa Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima (DESA); de empresas de seguridad privada al servicio de DESA; de funcionarios públicos y aparatos de seguridad del Estado para violentar el derecho de la consulta, previa, libre e informada del pueblo indígena lenca.
- La estrategia tenía por objeto controlar, neutralizar, y eliminar cualquier oposición. Estas acciones incluyeron: la instrumentalización de las comunidades para generar ruptura del tejido social; campañas de desprestigio, infiltración, seguimiento, amenazas, sicariato y sabotaje del equipo de comunicaciones del COPINH; cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad; y fortalecimiento de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado.
- La Secretaria de Seguridad de Honduras cumplió un doble rol. Por un lado, destinó personal y recursos para la protección de las instalaciones del Proyecto Agua Zarca, influenciada por las relaciones con socios y personal directivo de DESA; y, por otro lado, omitió proteger a la lideresa, pese a que conocía el grave e inminente riesgo sobre la vida e integridad de Berta Isabel Cáceres Flores.
- La información a la que accedió el GAIPE, también permite concluir que DESA no contaba con el capital suficiente para construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. A causa de ello, los fondos provenientes del sistema financiero fueron empleados para incrementar los niveles de violencia en la zona de influencia de dicha empresa, atacar sistemáticamente a personas del COPINH y a Berta Isabel Cáceres Flores, entre otros.
- A partir del análisis realizado, el GAIPE establece la negligencia deliberada por parte de instituciones financieras, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund. Dichas entidades tenían conocimiento previo de las estrategias empleadas por DESA, a través de reiteradas denuncias y estudios de consultores internacionales. Pese a ello, no adoptaron medidas idóneas, eficaces y oportunas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas impactadas por la represa Agua Zarca, ni mucho menos para proteger la vida e integridad de Berta Isabel Cáceres Flores. Tampoco realizaron suficientes esfuerzos para exigir las investigaciones penales correspondientes.
- Respecto del hecho concreto ocurrido el 2 de marzo, el GAIPE, con la misma información que tiene en su poder el Ministerio Público al menos desde el 2 de mayo de 2016, ha establecido que la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores inició en el mes de noviembre de 2015, lo que coincide con movilizaciones de las comunidades indígenas y del COPINH en oposición al proyecto Agua Zarca.
- Durante los meses de enero y febrero 2016, algunos de los imputados y personas no identificadas, realizaron labores de reconocimiento y seguimiento en la ciudad de la Esperanza, lugar de residencia de Berta Isabel Cáceres Flores y donde funcionan las oficinas y sedes del COPINH. El 5 y 6 de febrero de 2016, se desplegó un operativo para cometer el crimen en el que participaron, según la información analizada, varios de los imputados. Por razones de logística el operativo fue «abortado». Según la información analizada por el GAIPE, al menos cuatro de los presuntos autores materiales del asesinato se agruparon el 2 de marzo de 2016 en la Ceiba, para desplazarse a la ciudad de La Esperanza, del Departamento de Intibucá, en horas de la mañana. A la llegada a dicha ciudad, realizaron labores de reconocimiento antes de perpetrar el asesinato.
- Al analizar el tráfico de llamadas entre los imputados, el GAIPE considera que participaron otras personas en la ejecución del asesinato, las cuales no han sido identificadas por el Ministerio Público.
- Los agentes estatales a cargo de la investigación, construyeron hipótesis que carecen de fundamento. Atribuyeron el asesinato de Berta Cáceres a un excompañero sentimental, dándole una connotación de crimen pasional. También sostuvieron que el ataque obedecía a conflictos de interés dentro del COPINH.
- Por otra parte, el Ministerio Público ha impedido la participación oportuna y diligente de las víctimas constituidas en acusadores privados, al declarar la reserva del expediente. Esa decisión ha limitado el acceso a documentos, diligencias y pruebas conducentes a la identificación, procesamiento y juzgamiento de otros autores materiales e intelectuales por el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato contra Gustavo Castro. La falta de entrega de dicha información ha incidido, también, en la impunidad de ataques criminales en contra de personas integrantes del COPINH y de las comunidades lencas opositoras al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.
- Pese a la secretividad con que se ha manejado la investigación, el GAIPE ha logrado establecer la participación de directivos, gerentes y empleados de DESA; de personal de seguridad privada contratado por la empresa; de agentes estatales y de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado en actos delictivos anteriores, concomitantes y posteriores al asesinato del 2 de marzo de 2016. Esos hechos aún permanecen impunes.
- Del análisis de la información telefónica se deduce, además, que los socios y directivos de DESA mantuvieron contacto con autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Preventiva para conocer los detalles de las primeras diligencias judiciales relacionadas con el asesinato, inclusive, antes de ser informada la familia de Berta Isabel Cáceres Flores o sus representantes legales. A la vez, se demuestra que estos actores influyeron para que las diligencias iniciales se dirigieran hacia personas integrantes del COPINH o cercanas a Berta.
