El gobierno de Ecuador pone fin a 16 tratados bilaterales de inversión
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, informó este miércoles que firmó los respectivos decretos ejecutivos que denuncian y ponen fin a 16 Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones, denominados ‘TBI’, incompatibles con la Carta Magna nacional y declarados ilegales por la Corte Constitucional hace siete años.
Desde Argentina, a donde viajó para recibir en esta jornada un título Honoris Causa por la Universidad Nacional de Quilmes, el Mandatario ecuatoriano precisó que la víspera rubricó la denuncia de estos Tratados, “luego de un riguroso proceso de auditoría que demostró su inconveniencia para el país, su absoluta falta de eficacia”.
En el listado publicado en la página oficial de la Presidencia de Ecuador, con fecha 16 de mayo del año en curso, están registradas las denuncias de TBI con Italia (2001); Bolivia (1995); Perú (1999); España (1996); EE.UU. (1993); Canadá (1996); Argentina (1994); Venezuela (1993); Francia (1994); Reino de los Países Bajos (1999); Reino de Suecia (2001); Chile (1993); Suiza (1968); China (1994); Alemania (1996) y Gran Bretaña e Irlanda del Norte (1994).
El Presidente explicó que la auditoría realizada a estos TBI demostró «su incompatibilidad con nuestra Constitución” y dijo que la mayor inversión ha venido de países con los cuales no existen estos TBI.
Argumentó que las pérdidas totales registradas por la disminución de los ingresos petroleros, la reducción de ingreso tributaciones y la transferencia a las petroleras públicas y el pago por litigios arbitrales, suman aproximadamente 11.500 millones de dólares, casi 12 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en pérdida neta de ingresos para el gobierno central.
Indicó que cerca de mil 100 millones de dólares fueron para el pago en apenas seis meses, en el primer semestre de 2016, a las petroleras Occidental y Chevron, “por lo írritos juicios que perdimos en manos de tribunales arbitrales espurios, fruto de estos Tratados de Protección y Reciprocidad de inversiones que de recíprocos de inversiones no tienen nada y donde todo está en función del capital”.
Los decretos señalan en cada caso la decisión de denunciar y por tanto declarar terminado el Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y cada uno de los países mencionados.
El Canciller de Ecuador, Guillaume Long, había adelantado el fin de semana que el Gobierno estaba listo para presentar estas denuncias “con absoluto pragmatismo y cumpliendo con el artículo 422 de la Constitución”, después que una Comisión Ciudadana creada hace cuatro años analizara los resultados y descubriera la ilegalidad con la fueron firmados, y ratificó que el país está dispuesto a firmar nuevos acuerdos.
En el ‘Enlace Ciudadano’ realizado en la provincia de Manabí, el presidente Correa indicó que los tratados fueron firmados principalmente en los gobiernos de Sixto Durán-Ballen, Jamil Mahuad y Fabián Alarcón.
La Comisión para la Auditoría de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa), creada en 2013, entregó el pasado 8 de mayo al Presidente de la República un informe en el que concluyó que hubo ligereza en la firma de estos tratados y que no se tomó en cuenta la magnitud del riesgo que asumía el país.
Entre las conclusiones de la Caitisa están que Ecuador, con más TBI que muchos países de la región, recibe solo el 0,79% de la inversión extranjera directa (IED) que llega del mundo a América Latina y el Caribe, mientras el principal flujo de IED hacia Ecuador proviene de Brasil, México y Panamá, países con los que Ecuador no tiene TBI, en tanto, de los siete grandes inversores externos en Ecuador, solo el 23% viene de países con TBI.
Asegura en su informe que estos TBI contradicen y menoscaban los objetivos de desarrollo planteados en la Constitucional y el Plan Nacional para el Buen Vivir y menciona que la Constitución ecuatoriana de 2008, en sus artículos 3, 276, 277, 283, 284, 313-318, 339 y 222, mandatan al Estado a regular la inversión extranjera para que cumpla un papel positivo en la consecución del Plan para el Buen Vivir. «Sin embargo, los TBI incluyen elementos de erosión de las competencias estatales», precisa.
