El Congreso aprueba un paquete de polémicas reformas penales
Congreso Nacional aprueba en su totalidad las reformas penales
El Congreso Nacional de Honduras aprobó en su totalidad en la mañana de este miércoles un paquete de reformas a varias leyes, entre ellas al Código Penal y Código Procesal Penal, pese a la oposición de varios diputados de los partidos Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Anticorrupción (PAC).
La llamada Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad fue aprobada este miércoles, afirmó a periodistas el diputado opositor Virgilio Padilla, sin precisar cuántos de los 128 parlamentarios que integran el Poder Legislativo votaron a favor.
Anoche se aprobaron los primeros dos artículos de estas reformas penales propuestas por el Poder Ejecutivo, que entre otras cosas, establecen que cometen el delito de terrorismo quienes quemen buses para causar el terror en la población y también aquellos miembros de organizaciones ilícitas que realicen actos de vandalismo.
Entre las leyes que sufrieron reformas está la Ley de Intervenciones Telefónicas, la Ley del Instituto Nacional Penitenciario, el Código Procesal Penal y el Código Penal.
Nueva convocatoria para hoy de hoy para ratificar el acta. Más temprano se había ratificado el acta que tipifica el delito de extorsión como terrorismo.
El objetivo de la nueva ley es «combatir el delito de la extorsión, el accionar de estructuras como las maras y pandillas y otras acciones delictivas imponiendo penas más severas», según un comunicado del Parlamento hondureño.
La ley, enviada a inicios de enero al Parlamento por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, califica como terrorismo cualquier acto que conlleve a atemorizar a la población como el incendio de autobuses y restaurantes, poniendo en peligro la vida de personas, según la información oficial.
También señala que el delito de la extorsión, que hasta ahora tiene una pena máxima de 20 años, puede ser castigado hasta con 50 años de cárcel y cadena perpetua si en el hecho ocurren muertes.
El líder del Partido Liberal Yuri Sabas dijo que ayer la bancada del Partido Liberal no se presentó porque «estábamos atendiendo una visita oficial y no nos pareció de buen gusto que hayan iniciado una sesión estando nosotros atendiendo una visita oficial.
«Pero hoy que se estaba ratificando el acta no vino Libre (…) el partido Liberal votó en contra de esa ratificación, y el PAC también, pero no pudimos detener la ratificación porque no estaba Libre».
El diputado David Chávez manifestó por su parte «que se ha dado un paso contundente para combatir la inseguridad. Y aquellos que apuestan a que el Estado fracase se han dado un duro golpe».
Hoy usted mira a estos terroristas que fueron a incendiar hoy esta unidad queriendo desafiar al Gobierno (…) Si fuera un partido de fútbol, ayer ganamos 2-0″, expresó.
Presidente del Congreso Nacional dice que hubo respeto de criterios. El titular del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, afirmó a periodistas que la discusión de las reformas «ha sido amplia, participativa» y se ha «respetado» el criterio» de todos los diputados.
La nueva normativa «gana el pueblo hondureño», enfatizó Oliva, que dijo que espera que las reformas «causen el impacto» positivo en relación a la violencia que impera en el país, donde se registran a diario un promedio de doce asesinatos.
Reconoció que la criminalidad organizada «muta», pero aseguró que Honduras está lista para implementar otro tipo de medidas para fortalecer la Política de Seguridad del Estado.
El diputado de la oposición Walter Banegas hizo referencia a ese hecho delictivo y apuntó que «hasta estas alturas no tenemos ni investigados, ni enjuiciados, ni sentenciados sobre este tipo de acontecimientos».
Reacción de Manuel Zelaya
El expresidente hondureño y jefe de la bancada del opositor Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Manuel Zelaya, expresó su rechazó a las reformas y dijo a periodistas que esta tarde presentará en la Corte Suprema de Justicia un recurso «por los atropellos» a la Constitución al aprobar la normativa.
Con la aprobación de la nueva ley, que contiene doce artículos, «perdió el (oficialista) Partido Nacional y el pueblo hondureño, pero ganó la oposición porque se han puesto en evidencia y esto hace que este Gobierno tiene que terminar», subrayó Zelaya.
La ley debe ser sancionada por el presidente Hernández y entrará en vigencia cuando sea publicada en el diario oficial La Gaceta.
Honduras: Hasta ocho años de cárcel por hacer apología al terrorismo
En dos actas se ratificaron los once artículos del paquete de reformas penales en el Congreso Nacional, donde los votos en contra del partido Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Anticorrupción (Pac) no fueron suficientes para impedir su aprobación. Las dos disposiciones aprobadas en la sesión ordinaria del martes quedaron firmes, las cuales tienen relación con los delitos de extorsión y terrorismo estipulados en el Código Penal. Sin embargo, el jefe de bancada del Partido Nacional, Óscar Álvarez, presentó una reconsideración para agregar un nuevo inciso al artículo 335 en donde se especifican penas de cuatro a ocho años para quienes hagan apología e incitación de actos de terrorismo de forma pública, empleando los medios de comunicación o difusión.
“Quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento a este, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión”, subraya el literal que fue aprobado con más de 60 votos en la Cámara Legislativa. El diputado aseguró que este agregado no coarta la libertad de expresión, sino que pretende castigar a las personas o miembros que pertenezcan a asociaciones ilícitas e inducen a actos delictivos como la quema de un automotor o establecimiento comercial, por lo que ahora serán acusados de terrorismo.
Al momento de reanudar la sesión de ayer, la Junta Directiva del CN procedió a ratificar el acta de la pasada reunión en la que se sometió a discusión en tercer y último debate el dictamen de la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad. La mayoría de congresistas de Libre no se encontraban en ese instante en la Cámara Legislativa por lo que no pudieron manifestar su rechazo. Por tal razón, los diputados de la bancada del Partido Liberal pidieron que se suspendiera la sesión, pero esta siguió su curso normal. Los liberales no se abstuvieron de votar, pero no lo hicieron en una sola vía, ya que unos marcaron a favor y otros en contra durante el debate.
Los nueve artículos que hacían falta del conjunto de modificaciones a ocho normativas vigentes prosiguió bajo señalamientos entre fuerzas políticas e irregularidades en la proyección de las votaciones. Por corrupción Además, la información efectiva brindada por crímenes de corrupción ahora tendrá su remuneración. El artículo 2A de la Ley de Recompensas sufrió una adición con base en una moción presentada por el diputado de Libertad y Refundación, Rasel Tomé. Aunque el partido de izquierda mantuvo su posición de votar en contra de estas reformas, en materia de seguridad en esta disposición hicieron una excepción. Al final, fue admitida con 119 sufragios.
Entretanto, el jefe de bancada de Libre, Manuel Zelaya Rosales, anunció que acudirá a interponer este día un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de las reformas penales. Sostiene que este paquete criminaliza la protesta pública, dándole licencia para matar a policías y militares. El exgobernante también presentó una moción para que la Unidad de Intervención de las Comunicaciones (UIC) sea una dependencia del Ministerio Público (MP) y no del Consejo de Seguridad y Defensa. Al someterla a consulta ante el pleno de diputados no se tomó en consideración. La creación de la UIC está estipulada en la reforma al artículo 33 de la Ley Especial sobre Intervenciones de las Comunicaciones Privadas. Desconcentrado En el caso de la enmienda al Instituto Nacional Penitenciario (INP) este quedó como un organismo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización y no como estaba estipulado en la última versión del dictamen. Así lo dio a conocer el titular de la comisión dictaminadora, Tomás Zambrano, como una propuesta de redacción en la que solo se modificó la figura.
La enmienda del artículo 7 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional es la única que requería de 86 votos por si quedaba como un ente autónomo, pero al final pasó con mayoría simple. Un promedio de más de 65 votos a favor obtuvieron las enmiendas que se terminaron de aprobar ayer con la excepción de que en varias de las votaciones no se hicieron públicos los resultados. Al filo del mediodía se admitió la totalidad de los artículos de la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad, por lo que se suspendió la sesión.
Los diputados nacionalistas confían que el presidente Juan Orlando Hernández sancione lo más rápido posible este conjunto de reformas para que sean publicadas en el diario oficial La Gaceta. El titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, advirtió que si estas enmiendas vulneran derechos humanos estarán sujetas a recursos de inconstitucionalidad.
Libre presentará recurso en contra de reformas penales
El expresidente y coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, anunció este miércoles que presentará un recurso de amparo en contra de las reformas penales aprobadas en el Congreso Nacional.
Zelaya Rosales calificó la aprobación del nuevo estamento legal como una violación a los derechos de la ciudadanía.
El recurso lo entregará ante la secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), argumentando que la votación fue secreta y que hubo otras irregularidades.
“Las votaciones han sido secretas, no se sabe que diputados están votando y por qué”, dijo el exmandatario.
Además indicó que existe una estrategia para aprobar y atropellar la opinión del pueblo hondureño.
“Están perdiendo todos sus derechos los hondureños, la votación fue secreta”, reiteró el líder político.
