Guatemala: el gobierno da marcha atrás con el decreto que restringía la protesta
Ayer por la mañana, el presidente en funciones Jafeth Cabrera aún no sabía qué hacer con el Decreto Gubernativo que establecía Estado de Prevención en todo el territorio nacional y que restringía garantías constitucionales. La primera vez que le preguntaron qué haría al respecto, Cabrera dijo que lo modificaría, y que se establecerían los puntos exactos de prevención.
“Las críticas se esperan, pero lo que se trató de hacer es un decreto de apoyo a las poblaciones vulnerables por las lluvias… por lo tanto analizaremos si es preciso modificarlo“, indicó Cabrera a las 9:00 horas.
Dos horas más tarde, Cabrera había cambiado de decisión. Anunció que darían marcha atrás con la medida. “A raíz de que se cree que se está dando un Golpe de Estado, que se cree que estamos actuando en contra de los medios de comunicación… bueno que se cree muchas cosas, hemos tomado la decisión de dejar sin efecto el Decreto de Estado de Prevención”, dijo en la conferencia en las instalaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Cabrera y Sergio Cabañas, secretario de la Conred, explicaron que con el Decreto 5-2016 buscaban resolver problemas en el país, porque solo con ese Estado de Prevención podían desalojar a personas de las zonas de riesgo, pero que por miedo a perder sus viviendas se niegan salir. También indicaron que harían compras de carros y alimentos sin licitar para emergencias y evitarían que los medios de comunicación abordaran el tema de zonas de riesgo de manera no técnica.
Cabañas dijo que recientemente el Ministerio de Finanzas les había asignado Q10 millones, para atender a los tres millones de personas que se encuentran en peligro, las cuales están distribuidas en ocho mil puntos de riesgo por el invierno. “Me siento muy triste, porque no están dejando hacer. Queríamos hacer algo diferente, pero creo que vamos a seguir reaccionando y no previniendo”, manifestó el secretario de la Conred.
Cabrera detalló que la idea del Decreto Gubernativo era prevenir a tiempo y no actuar cuando se diera el desastre, para tomar acciones inmediatas.
Las implicaciones legales
El Decreto de Estado de Prevención que fue aprobado por el binomio presidencial y los ministros, no solo aprobaba realizar compras sin licitar, sino que también restringía los derechos a la libertad de expresión, manifestación, reunión y locomoción de los guatemaltecos en el territorio nacional.
Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, explicó que sí hay responsabilidad en contra de los funcionarios, porque aunque el decreto de Estado de Prevención solo estuvo vigente dos días, hubo una violación a la Constitución. Sin embargo, no se podrían dar acusaciones legales en contra de las autoridades, ya que la Corte de Constitucionalidad (CC) no resolvió una inconstitucionalidad en ese caso, añadió Orellana.
Por su parte, el abogado constitucionalista, Rodolfo Rohrmoser, indicó que no hay implicaciones legales en contra de los funcionarios porque el decreto se derogará y no se llevará a la práctica, pero si hubiera pasado lo contrario, sí habría una acusación de violación de derechos constitucionales hacia los ministros y el binomio presidencial. Rohrmoser considera que la acción del Organismo Ejecutivo fue un error político y exagerado, ya que habían podido plantear un Estado de Prevención en los puntos exactos que son peligrosos para las personas.
Las reacciones del Gobierno
El politólogo, Luis Mack, indicó que no es la primera vez que el Gobierno de Jimmy Morales da marcha atrás en sus decisiones, pues ya lo hizo cuando presentó la reforma tributaria, por lo que se va haciendo frecuente ese tipo de acciones, lo cual parece un asunto de ingobernabilidad. “Se ve perdido”, agregó.
Hugo Novales, analista político de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), consideró que pareciera que el Gobierno tiene un problema de estrategia política, ya que toman una decisión, pero no tienen la capacidad de comunicarla y justificarla ante la opinión pública. Para Novales, estas acciones también originan un problema de credibilidad, porque se duda de las decisiones el Presidente o Vicepresidente, lo cual es grave para una institución que dirige la vida política del país. “Es un problema que no puede mantenerse así, debe dejar en claro que las decisiones se mantienen, esto no quiere decir que se debe tener una actitud autoritaria”, añadió el analista.
“Q10 millones nos acaban de depositar y queríamos hacer compras (con el Estado de Prevención), pero ya no dio tiempo. Cuando el proceso de licitación termine se acabó el invierno”.
Sergio Cabañas, secretario de Conred.
“Cometieron un delito, pero no dieron el tiempo para que esta se declarara inconstitucional”.
Gabriel Orellana, abogado constitucionalista.
8 mil puntos de riesgo existen en el país por lluvias.
