Crisis en la frontera: Maduro pide ayuda al secretario general de la ONU y alcalde colombiano presenta denuncia ante la CIDH
Presidente Maduro solicitó al secretario Ban Ki-Moon ayuda para detener éxodo humanitario masivo de Colombia hacia Venezuela
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que solicitó al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, ayuda y asesoría para detener el éxodo humanitario masivo de Colombia hacia Venezuela.
“Dije al secretario Ban Ki Moon que necesitamos ayuda y asesoría de la ONU para parar el éxodo humanitario masivo de Colombia hacia Venezuela…Nos ayude, somos un país pequeño”, informó el jefe de Estado en declaraciones ofrecidas a medios de comunicación.
Detalló que este jueves en horas de la tarde, hora local de China, sostuvo una larga reunión con el representante de la instancia internacional. “Sobre la verdad de Venezuela…yo se la decía hoy, tuve una reunión con el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon. Nos sentamos a hablar largamente en una reunión y yo le explicaba a él, detalle por detalle. Le decía, tenemos una frontera con Colombia de 2.219 kilómetros, del lado colombiano gobiernan los paramilitares, contrabandistas y narcotraficantes, porque ellos abandonaron la frontera. Del lado venezolano, territorio libre de producción de droga, pero se nos meten los paramilitares”.
También reveló que ha explicado al máximo representante de la ONU todo el fenómeno de la migración en los años cincuenta y de cómo Venezuela ha sido víctima de la guerra colombiana y ahora del paramilitarismo, contrabandismo y bachaquerismo.
El presidente Maduro fue preguntado en torno a los intentos de Colombia en el Consejo Permanente de la OEA de convocar esta semana a una reunión extraordinaria de cancilleres, sin alcanzar los votos necesarios, a la vez que la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, se prepara para asumir el tema de la frontera colombo – venezolana esta semana. A este escenario se suma que el secretario de la instancia, Ernesto Samper, ha dicho que puede crearse una comisión especial que vaya a la frontera a verificar el tema de los derechos humanos.
Venezuela propone una comisión suramericana de paz y justicia
Ante ello, el mandatario venezolano manifestó que “Ernesto Samper parece que estuviera sordo, porque tiene una gran presión de Bogotá. Se ha vuelto un hombre sordo, parece que no escuchó que yo le dije a él públicamente que Venezuela propone una comisión suramericana para vaya a ver la situación de la frontera y ayudar a ambas naciones a tener una frontera de paz”.
Perfeccionan la OLP
Acerca de las medidas que se estarían poniendo en práctica con el objeto de resolver el conflicto, dijo que el gobierno venezolano seguirá “protegiendo al pueblo de Venezuela con las OLP…tenemos que perfeccionar esta figura y para ello necesitamos el apoyo del pueblo”.
La idea es que las OLP pasen de ser operaciones a una nueva organización cívico-militar-popular. “Tenemos que apostar por las OLP como garantía de paz”, y refirió que con todo el comportamiento del presidente Juan Manuel Santos, todo indica que “no quiere; Santos, que se abra la frontera”.
Esta fue la denuncia que interpuso el alcalde de Cúcuta contra Maduro
Donamaris Ramírez viajó a Washington para dar a conocer la situación de miles de colombianos deportados a la CIDH. Semana.com conoció en exclusiva el documento que radicó ante el organismo.
La indignación por la situación que han vivido miles de colombianos que han sido deportados desde Venezuela llevó a que el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez-París, interpusiera una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde el pasado martes, el funcionario, que ha sido testigo de excepción de la dura situación, viajó a Washington para radicarlo. Semana.com conoció en exclusiva el documento.
Allí, Ramírez es contundente y se va lanza en ristre contra el gobierno del país vecino y sus más altos dirigentes. “Obrando en nombre propio y en favor de todos los colombianos que se sienten víctimas del actual gobierno de Venezuela, por medio de presente escrito denuncio al señor Nicolás Maduro Moros, Tarek Wiliam Saab y Diosdado Cabello Rondón y a la República Bolivariana de Venezuela por la violación de derechos humanos”, dice.
Sin embargo, esas no son las únicas acusaciones. El mandatario local también asegura que Venezuela violó el Pacto de Bogotá, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial.
Según la argumentación de la denuncia, Maduro inició un estado de excepción el pasado 19 de agosto sin informar a su contraparte de la decisión. Tampoco -agrega el documento- respetó los derechos fundamentales a la vida, a la no discriminación, a la integridad personal, a la nacionalidad, al debido proceso, entre otros, a los connacionales deportados. Así mismo, tampoco respetó los protocolos para las deportaciones.
“En la Convención Americana de DD. HH. se violó el artículo 1 sobre no distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico”, reza el documento.
¿Qué solicita?
Después de decenas de páginas de argumentaciones, el alcalde hizo varias solicitudes a la CIDH. Primero, que algunos comisionados o designados se trasladen a Cúcuta a documentar la situación para “comprobar las violaciones de derechos humanos (…) dada la necesidad imperiosa de asegurar la prueba y generar condiciones que permitan salvar a las personas que están en grave peligro”.
Segundo, que se adelanten investigaciones contra los denunciados y autoridades venezolanas, como Policía técnica judicial, Guardia Nacional, fiscales, jueces y tribunales. Tercero, que la CIDH garantice los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas de las violaciones de derechos humanos perpetrados desde el cierre de la frontera declarado el 19 de agosto.
“La precitada solicitud la hago en la medida que la crisis humanitaria es grave, urgente y genera un daño irreparable para los derechos de los afectados”, expuso.
Donamaris Ramírez exhortó a la CIDH para que haga un llamado a Venezuela para que permita que se reunifiquen las familias que han sido separadas. También, para que los 1.512 niños que viven en Ureña (Venezuela) puedan continuar con sus estudios gratuitos en Cúcuta y que los venezolanos que trabajaban en la capital norsantandereana puedan pasar la frontera para laborar.
Solicitó, además, que las autoridades colombianas, así como la Cruz Roja Internacional, puedan cruzar con los afectados a recoger sus pertenencias y documentos que no fueron devueltos por la Guardia Nacional Bolivariana. Y que se ordene la reexpedición gratuita de los documentos que fueron destruidos.
Por último, pide que se haga un inventario de las casas destruidas y los connacionales afectados. “Y que se respete mi buen nombre e integridad personal y no se sigan construyendo mentiras con acusaciones falsas y tendenciosas”, manifestó el documento.
Testimonios
Ramírez no sólo presentó argumentos jurídicos, también reunió 100 testimonios de colombianos que fueron deportados cruelmente y a los que no se les respetaron sus derechos.
«Algunos niños han sido expulsados sin sus padres, padres expulsados sin sus hijos. A algunas mujeres deportadas no les permitieron ir por sus hijos, a pesar de ser recién nacidos (…) La discriminación se fundamenta en elementos como el abuso verbal utilizado por los agentes estatales, el uso de la fuerza contra personas identificadas como colombianos, destrucción de sus documentos, vivienda, bienes y despojo de condiciones dignas de regreso a su país”, narró.
Para eso presenta, con fotos y audios, los rostros de la humillación. Como el de una mujer embarazada que fue ultrajada por la Guardia Venezolana y, actualmente, tiene riesgo de aborto.
Otra mujer, Íngrid Johanna Contreras Tello, contó que el 26 de agosto “llegó un operativo de la guardia venezolana en cuatro camiones y bloquearon las salidas de la invasión, llegaron gritando: «Todo colombiano con cédula en mano porque hoy se van de acá», y con los fusiles tocaban la puerta y como no abrían, tumbaban las puertas con un palo grueso de hierro”.
Carmen Emira Pérez Pineda manifestó que los militares llegaron a su casa en San Antonio del Táchira y les dieron la orden de regresar a Colombia. “Ellos iban casa por casa y las marcaban con la D (demoler) y con la R (revisada). Se perdió todo”.
Estos son sólo algunos de los dramas de miles de colombianos que se vieron forzados a volver de lo que consideraban territorio amigo, el mismo en el que muchos –incluso huyendo de la violencia en Colombia- llegaron para trabajar, establecerse y constituir una familia. Algo que ahora debieron dejar atrás.
Canciller brasileño viaja este viernes a Colombia y luego irá a Venezuela
El canciller brasileño, Mauro Vieira, llegará este jueves a Bogotá para reunirse con autoridades de Colombia y luego viajará a Caracas, donde hará lo propio con miembros del Gobierno venezolano, informaron hoy a Efe fuentes oficiales.
«El ministro viajará esta misma noche», explicó un portavoz del Gobierno brasileño, que no pudo precisar la agenda que desarrollará Vieira, quien este miércoles llegó a Brasilia después de una gira de casi una semana por países africanos.
Colombia y Venezuela atraviesan por una crisis fronteriza desde hace dos semanas, a raíz de la decisión del Gobierno venezolano de cerrar parte de la frontera, decretar en la zona un estado de excepción y ordenar la deportación de miles de ciudadanos colombianos.
El canciller Vieira, quien hoy compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño, explicó que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) propone «hacer una discusión para encontrar algún tipo de solución que sea aceptable para los dos países» y permita poner fin al conflicto.
Colombia había solicitado a la Unasur una reunión de emergencia para tratar ese asunto, pero como no fue convocada con la premura que exigía ha desistido de esa instancia, según informó esta semana el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
La Unasur había previsto esa reunión para esta misma semana, pero decidió aplazarla, sin anunciar una fecha, por la imposibilidad de que acudiera la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, quien acompaña al presidente Nicolás Maduro en una visita a Vietnam y China.
En su reunión con los senadores, Vieira también informó de que está en contacto con los demás países de la Unasur para discutir detalles de la misión de observación de ese organismo que asistirá a las elecciones parlamentarias previstas en Venezuela para diciembre.
«He hablado con ministros de Uruguay, Venezuela y Argentina y pretendo hablar hoy mismo con la canciller de Colombia (María Angela Holguin) para discutir esas iniciativas» de la Unasur de cara las elecciones, dijo Vieira.
Según el canciller, la intención de la misión de la Unasur, como se ha acordado con el Gobierno venezolano, es «apoyar la celebración de esas elecciones y el diálogo» entre los sectores políticos de la oposición y el oficialismo en ese país.
Venezuela abre corredor humanitario para paso de estudiantes en frontera
Luego de que el presidente Juan Manuel Santos condicionara una posible reunión con su par venezolano, Nicolás Maduro, a tres exigencias –para aliviar la crisis humanitaria que se registra en la frontera entre ambos países– el Gobierno del vecino país optó por habilitar un corredor humanitario para el paso de estudiantes.
La medida fue anunciada por el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, quien sostuvo que el corredor facilitará el tránsito de 350 niños escolares registrados, quienes podrán cruzar la frontera de cara a garantizar el derecho a la educación de los menores.
«Es importante destacar que los niños que estudian en Colombia están saliendo por el puente de San Antonio del Táchira, en autobuses, en dos horarios en la mañana y en la tarde; 350 niños, que antes salían por las trochas, están asistiendo a clases», aseguró Arreaza citado en un comunicado de prensa divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.
Aunque el funcionario venezolano no hizo alusión a las peticiones de Santos para una eventual reunión con Maduro, la medida adoptada por el Gobierno de ese país coincidió con uno de los condicionantes del mandatario colombiano, quien este jueves pidió la apertura de un corredor para estudiantes.
“Ya hace muchos días le estamos pidiendo a las autoridades venezolanas que abran un corredor humanitario para que más de dos mil niños, que los tenemos censados, que están al otro lado de la frontera, puedan asistir al colegio aquí en Colombia. Necesitamos que se abra ese corredor humanitario”, manifestó Santos, quien también exigió que se permita recuperar las pertenencias de los colombianos deportados y que se cumplan protocolos mínimos en los casos de deportación.
El vicepresidente de Venezuela –quien este jueves sostuvo una reunión con el Cuerpo Diplomático y representantes de organismos internacionales acreditados en el país– indicó que el mayor número de niños de padres colombianos se ubica en el municipio Pedro María Ureña (Táchira).
«Estamos haciendo las coordinaciones para que puedan ir a estudiar con el acompañamiento de un representante si son muy pequeños», agregó Arreaza, quien además dijo que se les está garantizando el derecho al trabajo a los colombianos que viven en Cúcuta, pero que laboran en empresas venezolanas ubicadas en los municipios fronterizos entre Táchira (Venezuela) y Colombia.
«Trabajadores colombianos que en Venezuela desarrollan sanamente la actividad productiva, hemos pedido a los empresarios venezolanos que nos den la nómina para que puedan entrar y trabajar en paz (…) desde Colombia se está tratando de generar una matriz terrible sobre lo que está sucediendo, el presidente Maduro ya lo ha denunciado», precisó.
Previamente, el presidente Nicolás Maduro reiteró su llamado a Santos a reunirse para tratar la crisis fronteriza y aseguró que si el Gobierno colombiano toma el camino de las amenazas «le va a ir mal».
El mandatario venezolano declaró que los dos países deben de «mantener el equilibrio», llamó a Santos «a restituir el equilibrio, la sensatez, la tranquilidad» e indicó que su Gobierno «no quiere una confrontación ni un enfrentamiento con Colombia» sino una «nueva frontera» entre países.
Aconsejó a su homólogo colombiano, además, «que respire, que se tranquilice, que tome un poco de agua fresca, que se tome una manzanilla con azúcar» porque, dijo, «está bastante ácido».
«Deje de escuchar los consejos del comando sur» estadounidense, agregó y aseguró que si Colombia opta por el camino de las amenazas, sean políticas, diplomáticas, «o de cualquier signo» le va a ir «muy mal».
Canciller: Declaraciones de Holguín son imprecisiones erráticas, falsedades
«Declaraciones de Canciller Holguín son un compendio de imprecisiones erráticas, falsedades y confesiones de Estado apoyando crímenes en frontera», así lo expresó, la noche de este jueves, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, ante las declaraciones de la canciller colombiana, María Ángela Holguín, quien afirmó que «el gobierno venezolano ha aplazado» desde 2014 las reuniones para tratar el tema del contrabando en la frontera.
Desde su cuenta en Twitter, @drodriguezven, la canciller venezolana expresó que es “insólito, por decir lo menos, que se excuse en las políticas de subsidios implementadas por Venezuela en función de su pueblo para escurrir la responsabilidad de Colombia en el combate al contrabando. Se les ha solicitado revisar Ley Anticontrabando que promueve este delito».
Sobre la devolución de los alimentos incautados por autoridades colombianas en la frontera con Venezuela, señaló que en la reunión de cancilleres en Cartagena “le reiteramos repatriación a Venezuela de los alimentos incautados durante más de un año, sin resultado positivo (…) Basta recordarle a la Canciller que hay responsabilidades propias de Colombia, que no competen a Venezuela, pero que las deslizan a nuestro país”.
El Gobierno venezolano sostiene que existen instancias jurídicas en Colombia que facilitan el ataque a la moneda venezolana, «la resolución 8 del 2000 ataca nuestra moneda nacional, así se lo hicimos saber a la canciller colombiana. ¿Su respuesta? Son profesionales d cambio. Está claramente demostrada la falta de voluntad del gobierno y Estado colombiano en resolver elementos formales que agreden nuestra economía».
Afirmó que el contrabando de combustible «ha sido institucionalizado por sus autoridades. Venezuela exige apego a la ley».
En otros mensajes publicados en la red social, indicó: «Voy a detenerme a aclararle elementos de orden legal sobre la pretendida libertad de expresión en Colombia. Violan pactos internacionales, DDHH, al promover el odio y la guerra en contra de nuestro pueblo y nuestro gobierno. La canciller debería tener conocimiento de ello».
Informó que Venezuela acudirá a organismos internacionales «a pedir indemnización para colombianos residentes en nuestro país desplazados por violencia. De igual forma solicitaremos indemnización para el Estado venezolano producto del éxodo masivo de colombianos que han huido a nuestro país».
«Desde Colombia se ha activado un aparato comunicacional de guerra en contra de Venezuela. Eso está proscrito en convenios internacionales. Venezuela es víctima de todo tipo de agresión desde Colombia: mediática, financiera, económica, energética. Mal pueden condicionar el diálogo. Los invitamos a no tener miedo al diálogo y a la reunión de Presidentes. Es la hora de la valentía y la diplomacia de altura y legalidad», aseveró la canciller venezolana.
La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, manifestó la tarde de este jueves que el gobierno de su país ha estado pendiente de reunirse para tratar el tema del contrabando en la frontera, pero que Venezuela ha aplazado estos encuentros desde 2014.
«Nosotros hemos estado pendientes permanentemente de las reuniones, nuestras fuerzas militares han estado pendientes y el gobierno venezolano las ha aplazado. Eso se lo dije enfáticamente a la señora canciller, si nosotros no hacemos reuniones es imposible que dos gobiernos puedan tener éxito en la lucha contra el contrabando y el crímen organizado y contra esas organizaciones porque solamente entre los dos es que vamos a tener éxito», así lo expresó desde la sede de la Cancillería colombiana.
Durante la reunión sostenida en Cartagena con la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, indicó: “Le dije que estaba toda la cúpula militar (en la reunión sostenida en Cartagena), se pueden quedar hoy, mañana, la semana entrante, el día que ustedes quieran, y contestó que no estaba en condiciones de poner una fecha. Entonces en este tema del paramilitarismo es muy difícil que la exigencia sea que Colombia acabe con el paramilitarismo cuando al estar en la frontera, necesitamos que haya cooperación y colaboración de los dos países”.
“Yo le mostré a la señora canciller (Delcy Rodríguez) que la reunión que habían tenido los presidentes Maduro y Santos en agosto de 2014, más o menos los venezolanos habían cancelado o aplazado quince reuniones. Cada reunión que teníamos entre agosto de 2014 hasta ahora, habían pedido su aplazamiento, la habían cancelado y que habíamos tenido reuniones para el tema del contrabando, once reuniones específicas en donde la policía fiscal y aduanera había tenido reuniones con su contraparte y habían tenido unos éxitos en esa lucha contra el contrabando”, manifestó Holguín.
Ante la exigencia del gobierno venezolano al gobierno colombiano de erradicar el paramilitarismo, Holguín señaló que le explicó a Delcy Rodríguez “que la ley 975 del 2005, la ley de justicia y paz, habíamos acabado y no utilizábamos esa terminación de paramilitarismo sino que en la frontera sabíamos y combatíamos las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al contrabando. Son bandas criminales que están dedicadas al contrabando y al narcotráfico que, por lo tanto, no es que uno pueda decir que Colombia simplemente acabe con el paramilitarismo cuando resulta que para cualquier acción en una frontera como lo es la colombo-venezolana se necesita que los dos países se comprometan a hacerlo”.
Sobre el tema del contrabando de productos y gasolina, ofreció una comparación de los costos en ambos países: “Un kilo de jabón en Venezuela cuesta 18 bolívares, eso son 89 pesos colombianos. Ese kilo de jabón en Colombia cuesta 5 mil 838 pesos. Una persona que pase seis kilos de jabón se hace el salario mínimo en este país. La gasolina, en Venezuela vale 3,7 bolívares, esos son 18 pesos colombianos cuesta un galón de gasolina, en Colombia vale 8 mil con noventa. Por más de que pongamos todas las fuerzas militares es muy difícil controlar eso cuando no hay un esfuerzo conjunto, un esfuerzo que Venezuela también tiene que entender que no es solamente de Colombia, Venezuela tiene que entender que de allá sale y sale a unos precios que para Colombia es imposible poder controlar”.
Indicó que al gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, le dijo que “mientras ustedes sigan subsidiando los productos es muy difícil que nosotros logremos hacer algo de verdad en la lucha contra el contrabando, subsidian a los pobres pero no subsidian los productos (…) Este tema del contrabando tiene esa inmensa dificultad y si acá entra es porque de allá sale, entonces la responsabilidad no es solo de un lado, esta responsabilidad es de los dos”.
“Nos habían dicho y es la gran queja, que cuando se decomisaba el contrabando Colombia no lo devolvía, cosa que era cierta, y por qué, porque la ley no lo permitía. En agosto de 2014 nos comprometimos a meter en la ley anticontrabando que los que se decomisara se le podría devolver al gobierno venezolano. No se podía porque la Fiscalía exigía que todo lo decomisado tenía que estar como prueba contra la persona que habían encontrado en esta acción de contrabando. Qué logró Colombia en su ley anticontrabando que el gobierno tramitó en el Congreso este año y fue aprobada en julio, logró que la Fiscalía solo con una prueba de todo el contrabando que se ha decomisado, pueda continuar en su proceso judicial”, explicó.
Insistió en que todos los productos incautados serán devueltos a Venezuela, “cuando les anunciamos esto, que yo creí que era un gran esfuerzo que habíamos hecho este año al pasar una ley en el congreso con este resultado, pues dijeron que no era mayor cosa pero para nosotros es importante, se le va a poder devolver cuando la Dian y el Seniat se puedan sentar a trabajar en cómo será esa devolución”.
