Justicia chilena abre investigación a militares por torturas durante la dictadura
La justicia abrió una investigación contra integrantes de la Fuerza Aérea de Chile acusados de torturar a otros doce ex miembros de la institución tras el golpe de estado en 1973, luego de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La investigación quedó a cargo del juez especializado en casos de Derechos Humanos durante la dictadura, Mario Carroza, según confirmaron fuentes del poder judicial.
Un grupo de 12 ex oficiales de la Fuerza Aérea, entre los que estuvo el general Alberto Bachelet, afirmaron que fueron torturados por sus propios colegas tras el golpe y que las declaraciones obtenidas fueron utilizadas para acusarlos de sedición y traición a la patria.
Bachelet murió en 1974 por esas torturas, preso y acusado de traición por mantenerse leal al gobierno del derrocado presidente Salvador Allende.
Hace 13 años, recurrieron a la Corte Suprema para anular el dictamen de la justicia militar en su contra tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet.
Sin embargo, la Corte Suprema denegó el recurso, y los ex militares recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recomendó en noviembre a Chile investigar los hechos. Ante la falta de respuesta, la CIDH resolvió enviar en abril un expediente por denegación de justicia a la Corte Interamericana (CorteIDH).
La CIDH consideró que el estado chileno no cumplió “su obligación de ofrecer un recurso efectivo” a las víctimas para dejar sin efecto un proceso penal que tomó en cuenta pruebas obtenidas bajo tortura.
Entre las recomendaciones, la CIDH había pedido a Chile “investigar, juzgar y sancionar penalmente” los responsables por las torturas, y reparar “plenamente” a las víctimas y sus familiares por las violaciones de los derechos humanos sufridas.
Nueva cadena perpetua para Manuel Contreras por Villa Grimaldi
El ministro en visita Leopoldo Llanos dictó sentencias en contra de 13 ex integrantes de la DINA por 19 secuestros y un homicidio registrados en el centro de detención Villa Grimaldi.
Manuel Contreras fue condenado a presidio perpetuo, mientras que Pedro Espinoza deberá añadir 40 años más a su sentencia. Marcelo Moren Brito y Rolf Wenderoth fueron condenados a 27 años de presidio.
Miguel Krassnoff, Fernando Lauriani, Gerardo Godoy y Ricardo Lawrence tendrán que cumplir20 años de condena; Basclay Zapata, Manuel Carevic, Raúl Iturriaga y César Manríquez deberán cumplir 10 años; y Orlando Manzo fue sentenciado a 10 años y un día.
Además, el Fisco deberá pagar una indemnización total de 1.850 millones de pesos a los familiares de las víctimas.
La sentencia determinó que todas las personas fueron detenidas por la DINA y fueron trasladados a diversos centros de detención. En 10 de los casos, sus nombres aparecieron en periódicos en noticias relacionadas a «muerte de extremistas chilenos en el extranjero», en el montaje denominado «Operación Colombo»
