Unas 50 organizaciones de América Latina realizan juicio popular a mineras canadienses
“El gobierno de Canadá y las empresas mineras canadienses en el banquillo”, anuncia la convocatoria al Tribunal Permanente de los Pueblos -TPP- que tendrá lugar en Montreal, Canadá, desde hoy jueves 29 de mayo y hasta el 1 de junio. Delegaciones de Latinoamérica presentarán denuncias.
Se trata de la sesión 40 del Tribunal Permanente de los Pueblos, esta vez convocada por una coalición de 50 organizaciones a las que se sumarán personas afectadas por más de 15 proyectos mineros canadienses en varios países de América Latina. Las delegaciones latinoamericanas presentarán sus testimonios ante un jurado que entregará su veredicto después de verificar las denuncias de violaciones de Derechos Humanos y los daños ambientales causados por las compañías. Se examinarán los casos emblemáticos de los proyectos Pascua Lama (Barrick Gold) en Chile y Argentina; Escobal (Tahoe Resources) en Guatemala; San Martín (Goldcorp) en Honduras; Payback (Blackfire Exploration) y la Platosa (Excellon Resources) en México.
El TPP no solo juzgará las empresas, también será cuestionada la política del Estado canadiense. Según establece la convocatoria al Tribunal, “Canadá es el actor más importante de la industria minera mundial gracias a sus leyes, a su fiscalidad y a su política extranjera, favorables a este sector: el 75% de las empresas mineras tienen allí su sede y el 60% cotizan en la Bolsa de Toronto. Sin embargo, los megaproyectos mineros son una causa mayor de tensiones: en América latina, se cuentan alrededor de 200 conflictos sociales, de los cuales cerca de 90 implican a compañías canadienses».
En Colombia
En el caso de Colombia, se examinará la injerencia canadiense en los procesos legislativos a favor de los intereses comerciales de ese país. La acusación apunta a la reforma de la Ley Minas efectuada entre los años 1996 y 2001. A través su proyecto «Energía, minas y medio ambiente», la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional -ACDI- participó financieramente en la elaboración de un nuevo código minero junto a las multinacionales BP-Canadá Energy, Cargill, Chevron-Canadá, Conoco, Down Chemicals, Mobil, Shell, Total Fina ELF y UNOCAL. Según señalan los denunciantes, esta reforma favoreció las inversiones extranjeras y comprometió la capacidad del Estado colombiano para regular el desarrollo minero y garantizar el derecho a la salud, al agua y a un medio ambiente sano para las poblaciones indígenas. El nuevo código minero ha implicado una reducción de impuestos de las sociedades mineras transnacionales, un marco más restrictivo de las actividades mineras de pequeña y mediana escala, la liquidación de la sociedad minera pública nacional Minercol, así como una apertura a la explotación minera en zonas que antes estaban excluidas.
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El Tribunal Permanente de los pueblos es un organismo internacional no gubernamental fundado en el año 1979, con la misión de transformar en permanente la función que habían tenido los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras de América Latina (1974-1976): garantizar un espacio de visibilidad, de toma de palabra, de juicio a las violaciones masivas de los derechos humanos, individuales y colectivos, y a los derechos de los pueblos, que no encuentran respuestas institucionales a nivel nacional o internacional. En 2008 se realizó en Colombia, y esta es la primera vez que tendrá como sede Canadá.
La transmisión en vivo podrá seguirse en la web del proyecto comunitario CUTV de Montreal, http://cutvmontreal.com/broadcasts/2014/5/30/3048
Documento: Acusación que será presentada ante el Tribunal – Audiencia sobre América Latina
http://www.colombiainforma.info/images/documentos/acusacionTPPmineria.pdf
